La Fiscalía rechaza que se juzgue a Trapero en Cataluña por la presión soberanista

En un comunicado, su portavoz Miguel Ángel Carballo ha aclarado que su compañero «en ningún caso» ha puesto en duda la profesionalidad de los magistrados que ejercen sus funciones en Cataluña durante su alegato en la vista de este martes. Para defender la competencia de la Audiencia Nacional, Rubira se ha preguntado si la causa por rebelión y sedición pueda investigarse y juzgarse con «imparcialidad y serenidad» si se envía a la jurisdicción catalana. «¿Puede haber imparcialidad y serenidad si la causa de rebelión y sedición se manda a Cataluña?», ha dicho.

Esta mención, que más o menos con las mismas palabras ya venía contenida en la querella que el 30 de octubre de 2017 presentó en este órgano la Fiscalía General del Estado, ha generado cierta polémica. De ahí la aclaración del portavoz Carballo en un comunicado, en el que ha mencionado precisamente lo que escribió el fallecido José Manuel Maza en aquella actuación penal.

El entonces fiscal general dijo para apoyar la competencia de la Audiencia Nacional que «en el presente caso también se observa la conveniencia de preservar la necesaria serenidad en el enjuiciamiento de unas conductas que están generando un sentimiento de fractura social que no se puede desconocer». Hacía mención así al ambiente de crispación que existía en la sociedad catalana por los sucesos del 20 y 21 de septiembre en Barcelona y el posterior referéndum ilegal (según el Tribunal Constitucional) del 1 de octubre.

A última hora de la noche, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha emitido un duro comunicado donde ha tachado de «gravísima irresponsabilidad» que el fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira haya dudado de la imparcialidad de jueces catalanes. Ha declarado que sus afirmaciones «suponen un ataque muy grave y sin justificación alguna al Poder Judicial en su conjunto y, con ello, al propio sistema constitucional».

«Cuestionar por un miembro del Ministerio Público, en el ejercicio de la acción penal, la imparcialidad de los jueces y juezas que ejercen en Cataluña, constituye una gravísima irresponsabilidad de quien tiene, precisamente, por mandato constitucional y estatutario el deber de proteger el ejercicio independiente e imparcial de la jurisdicción», ha insistido el TSJC. Y ha terminado reafirmando que los jueces catalanes siempre actuarán en cumplimiento de sus deberes constitucionales, «entre los cuales la imparcialidad ocupa un ligar muy destacado».

En la causa que dirime la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la defensa de Trapero, curiosamente, no ha pedido que el sumario por sedición sea juzgado por los tribunales catalanes. Por el contrario, sí lo han solicitado otros dos procesados, César Puig, ex secretario general de la Consejería de Interior de Cataluña, y Pere Soler, exdirector de los Mossos.

A las defensas de ambos el fiscal Rubira les ha contestado con otras dos preguntas. «¿Cómo no va a afectar cuando se quiere formar una república independiente a través de un referéndum ilegal? ¿Cómo no va a ser competente ante estos gravísimos hechos?», ha subrayado.

La Sala decidirá ahora si los hechos se juzgan en la Audiencia Nacional o se remiten a la jurisdicción catalana. La Fiscalía pide 11 años de prisión y 11 de inhabilitación absoluta a Trapero por un delito de rebelión.