El PSOE no llamará a jueces y fiscales a las comisiones como exigen Junts y ERC

En una conversación informal con periodistas en la tradicional recepción navideña en la Moncloa, Sánchez rechazó esta posibilidad después que el partido de Carles Puigdemont, sobre todo, y también ERC hayan abierto la puerta a su citación en algunas de las tres comisiones parlamentarias creadas. En la misma línea, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, aclaró ayer que los togados no tienen obligación legal de asistir ni tampoco tendría «ninguna utilidad». El motivo, dijo, es que la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe revelar todo el conocimiento que tienen los jueces sobre esas causas penales.

Con esta respuesta, el Gobierno espera que ahora sí se rebaje la tensión con el Supremo, escenificada en el plantón que dio la semana pasada el presidente interino del alto tribunal, Francisco Marín Castán, a Bolaños tras cancelar por «causas sobrevenidas» una reunión prevista por ambos. Una justificación que, en realidad, escondía el «importante enfado» de los jueces por la «tibia respuesta» del Gobierno a las intenciones manifestadas desde Junts y ERC para escrutar las resoluciones judiciales.

Todo comenzó con la inclusión del 'lawfare' en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts. Una mención que desató las críticas de buena parte del mundo de la justicia, el Consejo General del Poder Judicial, el Supremo y todas las asociaciones de jueces y de fiscales, tanto las conservadoras como las progresistas. Siguió con la creación de las comisiones de investigación. Y culminó con la incendiaria intervención que protagonizó en el Congreso la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, al señalar a varios magistrados vinculados a causas del 'procés'. «Personas indecentes que deberían ser cesadas y juzgadas», aseguró.

De forma previa, los jueces entendieron que las declaraciones de Sánchez tampoco habían ayudado. Éste llegó a decir tras su investidura que en España se habían producido prácticas de 'lawfare' por parte del PP, porque a su juicio esta palabra también hace referencia al uso partidista de instituciones del Estado –puso como ejemplo el 'caso Kitchen'– y a la politización de la justicia.

En suma, las reiteradas referencias de Bolaños a que el Ejecutivo defenderá «siempre» a los togados de estos ataques y las palabras ayer de Sánchez era el gesto que estaban esperando en el Supremo. Sin embargo, la tensión no acaba solo con la posición de la Judicatura, sino que se proyecta también en la Fiscalía, donde se siguen escribiendo capítulos al calor del 'lawfare'.

Ayer, 21 fiscales de Sala y de la Sección Penal del Supremo pidieron por carta al fiscal general, Álvaro García Ortiz, que adopte «sin más dilación» las «medidas y acciones legales de todo orden que sean pertinentes, apropiadas y necesarias para preservar la legalidad y la independencia de los tribunales» de los «ataques» lanzados por Junts.

Los firmantes expresaron su «más enérgico rechazo a los insultos, amenazas y falsas acusaciones vertidas» por Nogueras contra Manuel Marchena, Pablo Llarena, Carmen Lamela y Carlos Lesmes, ya que «no solo son gravemente lesivas para la dignidad personal e institucional de los afectados, sino que son absolutamente incompatibles con la ética y el respeto institucional».

Los fiscales insistieron en que dicho mandato constitucional y el propio Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal les «obliga» a solicitar al fiscal general que actué contra Nogueras en «cumplimiento de los deberes constitucionales». No obstante, fuentes de la Fiscalía consultadas explicaron que los propios jueces señalados tienen mecanismo de amparo ante el CGPJ y que el Ministerio Público solo intervendría penalmente si así lo determina el Consejo en sus conclusiones. 

Por lo tanto, y según esta interpretación, pedir de oficio a García Ortiz que actúe es ir mucho más allá y podría incluso colisionar con el derecho a la libertad de expresión que tiene Nogueras en su condición de diputada.