Los fiscales rastrean los posibles delitos fiscales del rey emérito desde 2015

La jurisprudencia del alto tribunal considera el delito fiscal (defraudación de la cuota tributaria) como antecedente necesario para el blanqueo. Este ilícito penal se demuestra si en las cuentas de las que fue titular el anterior monarca (como el depósito 505523 en el banco suizo Mirabaud, donde se encontraba hasta su disolución la Fundación Lucum, de la que era primer beneficiario) hubiera salido dinero hacia otras cuentas con las que se hubiera cubiertos gastos personales.

La Fiscalía suiza sostiene que los 64,8 millones de euros que Don Juan Carlos transfirió en junio de 2012 desde Lucum hasta la sociedad Solare, depositada en el banco suizo Gonet&Cie en Bahamas, estaba a nombre de su ex compañera sentimental Corinna Larsen. Y que la empresaria germano-danesa pudo haber usado este dinero bajo sospecha por su presunto origen ilícito (corrupción en los negocios internacionales por las presuntas comisiones del contrato del AVE saudí) para seguir realizando inversiones cuando dispuso del dinero.

La presunta conexión del delito fiscal con el blanqueo de capitales traería una segunda novedad en las diligencias abiertas el pasado 8 de junio por la Fiscalía del Supremo, dada la condición de aforado del exjefe del Estado después de perder la inviolabilidad tras su abdicación en 2014. El fraude tributario tiene un plazo de prescripción de cinco años, pero el banqueo eleva el mismo periodo a los 10 años. Del tenor literal del Código Penal, si se demuestran ambos ilícitos computaría este último para dirimir la vigencia de la responsabilidad penal, por lo que ya no se trataría de hechos posteriores a 2015 sino a 2010.

Hasta la fecha, parte de la documentación remitida por el fiscal suizo Yves Bertossa a las autoridades españolas, y cuya traducción se está ultimando para ser entregada al fiscal español Juan Ignacio Campos, responsable de las diligencias, versa en su mayoría sobre el periodo comprendido entre 2003 y 2012, según señalan fuentes jurídicas. Faltaría por enviar una segunda tanda de información de las pesquisas que Bertossa abrió por blanqueo y fraude fiscal tras el registro hace dos años del despacho de Arturo Fasana, gestor contable del rey emérito.

En esta etapa tuvieron lugar los siguientes hitos para la investigación: creación en octubre de 2003 de la Fundación Zagatka, cuyo primer beneficiario es Álvaro de Orleans, primo lejano de Juan Carlos I. Dispone de una cuenta en Credit Suisse y administra unos 10 millones de euros. Los dos gestores suizos de Don Juan Carlos, Dante Canonica y el citado Fasana, están vinculados a esta sociedad desde la que se abonaron supuestamente gastos privados al monarca.

En junio de 2008 se registró la Fundación Lucum en Panamá, en cuya cuenta del banco suizo Mirabaud se ingresan los 100 millones de dólares que el rey saudí Abdalá, ya fallecido, «regaló» a su «hermano» español. En 2009 el anterior monarca autorizó «préstamos» por 2,2 millones de euros a Corinna para que adquiriera un dúplex en los Alpes a través de dos sociedades, Calden y Siam. Y en junio de 2012, dos meses después del incidente del safari de Botsuana, que quebró la confidencialidad bancaria de su 'cliente vip', transfirió todos los activos de Lucum a su examiga y dio la orden a sus gestores de disolver la fundación.

En esta operativa mercantil encargada al abogado Canónica se incluyó una cláusula para que fueran expresamente excluidos Felipe VI y las infantas y así no pudieran reclamar el dinero como herencia, según publicó el diario digital El Español. No obstante, el actual Rey ya renunció de cualquier beneficio o participación en Lucum en el comunicado de marzo pasado.

El equipo del fiscal Campos, compuesto por otros tres expertos en delitos económicos, deberá contar con peritos e inspectores de Hacienda para rastrear los movimientos contables del investigado, aclarar si cometió delito fiscal y determinar el ejercicio para conocer la prescripción o no del mismo. Técnicos de Hacienda consultados reclaman la necesidad de blindar a estos a funcionarios frente a posibles injerencias. No les gusta el hecho de que el director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, alto cargo nombrado por el Ministerio de Hacienda, sea el responsable último de elegir a estos peritos en auxilio judicial, según la Instrucción 2/2013. Más si cabe porque los jueces decanos ya manifestaron entonces su rechazo a esta potestad del jefe de la agencia estatal.

Otra de las cuestiones que plantean son la necesidad de nombrar un número suficiente de expertos para que las diligencias no se eternicen y prescriba el ejercicio de 2015. También se debería indagar si el rey emérito presentó los correspondientes modelos 720 para declarar bienes en el extranjero antes y después de su abdicación. En esos documentos tendrían que figurar estos supuestos saldos en cuentas corrientes y depósitos bancarios suizos. En suma, los investigadores tienen un plazo máximo hasta junio de 2021 para decidir si los indicios acumulados son suficientes para presentar una querella contra el rey emérito ante la Sala Segunda (de lo Penal) del Supremo.