Los fiscales investigados por publicar datos del novio de Ayuso apuntan a García Ortiz

Esta versión coincidente no supone ninguna sorpresa, ya que el propio fiscal general Álvaro García Ortiz ya ha asumido públicamente la autoría de los hechos y ha pedido dirigir la causa contra él en el Tribunal Supremo, órgano competente para investigarlo. El motivo de su actuación, ha alegado, fue desmentir el «bulo» lanzado desde la dirección del gabinete de la presidenta madrileña, que aseguró que el Ministerio Público ofreció un pacto al empresario Alberto González Amador para reconocer el fraude fiscal a cambio de evitar el juicio, pero que luego fue retirado «por órdenes de arriba».

Unos hechos publicitados por Miguel Ángel Rodríguez en la red social X (antes Twitter) que fueron replicados por varios medios de comunicación, cuando en realidad el ofrecimiento del pacto partió de la defensa de la pareja de Díaz Ayuso, tal y como desveló el comunicado oficial de la Fiscalía de Madrid para aclarar la información trasladada a la opinión pública.

En primer lugar ha declarado este jueves el fiscal Julián Salto, que ha respondido a las preguntas formuladas por las partes durante una hora y diez minutos. Tras un breve receso ha comparecido ante el magistrado del TSJM Francisco Goyena durante algo más de una hora su jefa Pilar Rodríguez. Ambos han coincidido en responsabilizar al fiscal general de dar la orden de emitir la nota difundida el pasado 14 de marzo en la que se informaba sobre el cruce de correos y han alegado que obedecieron órdenes para su publicación al tratarse ésta de una institución jerarquizada, según han apuntado fuentes jurídicas.

En dos ocasiones, el 15 de abril y el 10 de mayo en un escrito al propio tribunal, el propio fiscal general salió en apoyo de sus subordinados, defendió su reputación y admitió la orden de publicar la nota. Una versión que también mantuvo la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, en su declaración como testigo. Lastra explicó al juez que en un primer momento se negó a autorizar el comunicado por ser incompatible con el deber de confidencialidad de algunos datos que se daban en el mismo, pero en ningún caso advirtió de que se estaba incurriendo en revelación de secretos.

En un movimiento inusual, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) se querelló contra los dos fiscales por vulnerar el secreto profesional de su asociado, el abogado de la pareja de Díaz Ayuso Carlos Neira, y ejerce la acusación en la causa con el mismo González Amador. «La revelación indebida de información confidencial no solo pone en riesgo la confianza entre el abogado y su cliente, sino que también socava el derecho a la defensa. Nuestro objetivo es asegurar que el ejercicio de la abogacía se realice en un marco de respeto a los derechos que rigen nuestra profesión y nuestro Estado de Derecho», señaló este jueves el decano del ICAM Eugenio Ribón.