El fiscal del Supremo recurre el tercer grado de los presos del 1-O

En el texto se argumenta la incompatibilidad de la progresión a tercer grado con el cumplimiento de los fines de la pena, tanto los retributivos y de prevención general y especial como los de reeducación y resocialización, y porque los internos siguen considerando que los hechos por los que han sido condenados «no son constitutivos de delito».

Según se recoge, no se puede obviar la «extrema gravedad» del delito cometido ni el bien jurídico atacado, también en términos de repercusión social e institucional, destacando que en última instancia hubo un perjuicio sobre la estructura del Estado Social y Democrático de Derecho y sobre la Constitución, con el objetivo de vulnerar la unidad territorial. En el recurso también se advierte de que «las prematuras clasificaciones en tercer grado producen el menoscabo de los fines esenciales de la pena».

El fiscal también avisa de que reconocer los hechos y aceptar las consecuencias no es reconocer el delito, puesto que se puede reconocer lo que se ha hecho pero entender que es una actuación legítima y ajustada a derecho, por lo que no aprecia «la superación de los factores que influyeron en su actuar delictivo y, por tanto, la capacidad para asumir el régimen de semilibertad que implica el tercer grado».

Además, defiende que los hechos que se declaran probados no implican la negación de la capacidad de los acusados para expresar libremente sus ideas porque, en su opinión, no se castiga por difundir opiniones o doctrinas contrarias a la Constitución, ni por propugnar una superación del marco político vigente, pero sí es objeto de reproche penal haber «pulverizado el pacto constitucional». «Un gobierno autonómico no puede transformar la estructura del Estado y plasmarlo en un texto legal fuera de los cauces jurídicos de reforma, no estando el interno condenado por querer transformar la estructura del Estado, fin totalmente legítimo y respetable, sino por querer hacerlo fuera de los cauces legalmente establecidos», añade.

En relación a la buena conducta de los líderes independentistas con los profesionales y el resto de internos así como su participación e implicación en actividades pautadas, considera que no pueden ser hechos «sobrevalorados» a efectos de la concesión del tercer grado porque, en su opinión, es un presupuesto necesario para poder acceder a ello.