El fiscal pide el archivo del 'caso Lucía' al no hallar indicios de asesinato

En el documento, al que ha tenido acceso SUR, el fiscal insta al sobreseimiento provisional de la causa penal al considerar que no consta «suficientemente acreditado» que los hechos «sean constitutivos de un delito de asesinato», ya que «de las numerosas, exhaustivas, diligencias practicadas no resultan indicios de su comisión».

En su escrito, incide en que no hay testigos que aporten datos relevantes sobre ello (la posibilidad de que la menor, que tenía tres años, hubiese sido secuestrada y asesinada), «ni se desprende de las diligencias de investigación de la Guardia Civil», insiste de nuevo el fiscal, que el pasado diciembre, hace apenas cuatro meses, pidió que se declarara «causa compleja» ante las pruebas que quedaban por practicar.

Tras examinar los últimos informes del caso, el representante del Ministerio Público concluye: «En cualquier caso, ningún indicio incrimina a persona alguna como responsable del triste fallecimiento de la menor». Aunque considera que se debe tener por «agotada» la investigación, advierte de que «por supuesto» se puede reabrir en cualquier momento «si nuevos datos o revelaciones así lo aconsejaran».

La solicitud de archivo del fiscal se produce solo dos semanas después de que la jueza dictara una providencia, adelantada ayer por este periódico, en la que rechazaba algunas de las peticiones que le había venido haciendo la familia para agotar algunas vías de investigación.

En la resolución, fechada el 5 de abril, la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga, que investiga el caso, anticipa ya la misma postura adoptada ahora por el fiscal: «De las muy numerosas diligencias de investigación practicadas no se desprende indicio alguno de que terceras personas estuvieran involucradas en la desaparición y posterior fallecimiento de la menor».

Los padres de la pequeña consideraban que no se habían practicado la totalidad de las diligencias acordadas o, al menos, «en la extensión en las que habían sido aceptadas» [por la magistrada], algo que juzgaban «imprescindible» para aclarar los hechos y depurar «posibles responsabilidades».

Además, respecto a la decisión de no interrumpir el servicio ferroviario, la familia aportó al juzgado declaraciones juradas (más de 70) de vecinos, voluntarios y también de autoridades locales, como el propio alcalde de Pizarra, Félix Lozano, y miembros de su corporación. Los padres pedían a la jueza que tomara declaración a cuantos testigos considerara oportuno para aclarar estos extremos.

Sin embargo, en la providencia dictada hace apenas dos semanas, la jueza descarta realizar más pruebas en este sentido al entender que éstas ya se han practicado, «además de considerarlo irrelevante en orden a la comprobación de las causas del fallecimiento así como para la determinación del presunto autor».

La familia de Lucía también había solicitado una prueba que juzgan fundamental para esclarecer el caso: la triangulación de los teléfonos que estaban en la zona de la estación de trenes la noche de autos y también en el lugar del hallazgo del cadáver de la menor durante las horas que estuvo desaparecida. De este modo, «se podría conocer si alguna persona pudo estar en dicho lugar y, por tanto, haber tenido alguna participación».