El fiscal general usa su privilegio para ascender a Delgado al Supremo

A menos de dos meses de cumplir los 60 años, Delgado logra acceder así a una de las plazas más demandadas por la carrera fiscal tras una criticada travesía de dos años y medio al frente de la Fiscalía General. Se trata de un órgano de la Sala de lo Militar que cuenta con dos fiscales jefes, un civil y un militar, pero en el que solo figura el uniformado a efectos de concursar cada cinco años, ya que el primero no ve sometido su puesto a concurso. «Es una bicoca para cualquiera», reconoce un fiscal del Supremo.

No es casualidad, por lo tanto, que hasta 20 funcionarios con Delgado se hayan postulado para acceder a este sillón. Aunque la mera presencia de la ex fiscal general y antecesora de García Ortiz, su anterior mano derecha, ya avanzaba su designación. Delgado anunció su dimisión en julio por motivos de salud (fue operada de la columna vertebral) y pidió su reingreso en la carrera pero no para volver a la Audiencia Nacional, donde tienen su plaza, sino para promocionar al Supremo como fiscal de Sala.

El camino largo que ha tenido que recorrer Delgado llega después de que el Gobierno no lograra sacar adelante en marzo pasado una enmienda en la tramitación parlamentaria de la Ley Concursal. Una norma que regula los procesos de quiebra de las empresas y que no guarda ninguna relación con el funcionamiento del Ministerio Público.

La fallida propuesta implicaba modificar la ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que cuando el puesto de fiscal general del Estado sea ocupado por un fiscal de carrera, como fue el caso de Delgado, este «adquirirá la categoría de fiscal de sala del Tribunal Supremo una vez se produzca su cese». Sin embargo, la oposición frontal de los socios del Ejecutivo por esta reforma exprés que favorecía a Delgado, criticada por sus vínculos con el comisario José Manuel Villarejo, dejaron en el cajón la enmienda y solo cuatro meses después, en julio, esta dimitió por los citados motivos de salud sin poder ascender la máxima categoría del Ministerio Fiscal.

Y así se ha llegado al pleno de este jueves del Consejo Fiscal, formado por 12 miembros con el fiscal general. El órgano asesor está dominado por el sector más crítico con la gestión de Delgado a través de la Asociación de Fiscales (AF), de perfil conservador. Cuenta con seis consejeros, que han votado en contra de su elección. El séptimo, Salvador Viada, de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ha pedido no participar en la votación ni en las deliberaciones porque su mujer, la fiscal de Anticorrupción Teresa Gálvez, era una de las candidatas a esa plaza.

Mientras tanto, los tres miembros natos del Consejo son el propio García Ortiz, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y la fiscal jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz.

Además de la plaza de la Fiscalía Togada, se han votado hoy otras 13, como la del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, que ha vuelto a recaer en su actual titular Alejandro Luzón, y Antidroga, con la nominación de Luis María Uriarte, que ya trabajaba en esta fiscalía especial.