El fiscal general pide que el Supremo le investigue por difundir datos del novio de Ayuso

García Ortiz entiende que solo la Sala Segunda (Penal) del alto tribunal es la competente para asumir una causa que implique al fiscal general del Estado, dada su condición de aforado, y reitera que la orden de enviar el citado comunicado para desmentir que la Fiscalía de Madrid había llegado a un acuerdo con el empresario Alberto González Amador por un delito de fraude fiscal - y que luego fue retirado «por órdenes de arriba», según difundió Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, y publicaron varios medios de comunicación- fue dada por él y volvería a hacerlo.

El asunto de fondo es que en esa nota de prensa para desmentir «un bulo» el Ministerio Público publicó fragmentos literales de la conversación extrajudicial entre el fiscal del caso, Julián Salto, y el abogado de González Amador en el que éste admitió el fraude fiscal de su cliente. Esta circunstancia provocó una querella del empresario contra Salto y su jefa, María Pilar Rodríguez, por de un delito de revelación de secretos, que fue admitida por el TSJ de Madrid por la condición de aforados de ambos ante este tribunal autonómico. A la acusación se sumó el Colegio de Abogados de Madrid en defensa de los intereses de su colegiado Carlos Neira, defensor del novio de Ayuso, por vulnerarse la confidencialidad de sus conversaciones profesionales.

En su escrito al TSJ, García Ortiz concluye que el instructor del caso, Francisco José Goyena, carece de competencia para investigar los hechos relativos a la difusión de la citada nota, ya que su publicación no se hubiera producido sin su previa autorización e instrucciones «expresas y directas». El fiscal general responde así a la petición de Goyena sobre «quién fue la persona física concreta que intervino en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado».

García Ortiz ya asumió la responsabilidad de la nota de prensa en un acto institucional celebrado el pasado 15 de abril. Esta declaración, que se dirigía a zanjar especulaciones sobre su «notoria e imprescindible participación en la emisión de la nota de prensa», ya fue aportada a la causa que se sigue en el TSJM por el fiscal superior encargado del procedimiento, pero de momento el instructor ha hecho caso omiso.

García Ortiz reitera que la nota se emitió «para poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario fiscal» (en referencia a Julián Salto) y para cumplir con la obligación de la Fiscalía de ofrecer información veraz a la ciudadanía. Asimismo, recuerda que la citada nota no añade nada que no se hubiera publicado previamente en diversos medios, en algunos casos citando fuentes cercanas a la persona investigada.

A juicio del fiscal general resulta «cuando menos sorprendente» que sean exclusivamente los integrantes del Ministerio Fiscal los investigados judicialmente por estos hechos. Como consta en el escrito remitido al TSJM, es un hecho cierto que en aquellos momentos los correos electrónicos que el letrado de la persona investigada había enviado a la dirección genérica de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid «circulaban ya -sin contención alguna- por las redacciones de varios medios de comunicación».

«Cuestionar la actuación de los fiscales encargados de la persecución de acciones criminales o a su jefatura provincial o autonómica por el mero hecho de desarrollar su función constitucional y legal, cuando no existe indicio alguno respecto a su participación en la filtración de una denuncia por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental ni en la difusión de los correos electrónicos intercambiados con la defensa del presunto defraudador, es algo que como Fiscal General del Estado -cúspide de un órgano de relevancia constitucional integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, que tiene como misión la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público- no puedo consentir ni tolerar», asegura García Ortiz en su escrito.