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El fiscal general del Estado ha pedido al juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, instructor de su causa por un delito de revelación de secretos, que declare como testigo Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La defensa de ... Álvaro García Ortiz quiere que el exministro del PP aclare en sede judicial el «bulo» que lanzó en redes sociales en marzo pasado, amplificado por un periódico que le dio pábulo, sobre el ofrecimiento de un pacto por parte de la Fiscalía para evitar el ingreso en prisión de la pareja de su jefa, el empresario Alberto González Amador, a cambio de reconocer un fraude fiscal.
Un relato de hechos que fue justamente al revés y motivó la polémica nota de prensa del 14 de marzo, en la que la Fiscalía Provincial de Madrid reveló de forma cronológica cómo se desarrollaron las conversaciones entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso, Julián Salto. Un desmentido que el propio García Ortiz hizo suyo y derivó que la causa pasase del Tribunal Superior de Madrid al Tribunal Supremo, órgano competente para investigarlo por su condición de aforado.
La Abogacía del Estado -en defensa del fiscal general- ha solicitado esta diligencia testifical y, en caso de que el juez Hurtado la acepte, Miguel Ángel Rodríguez deberá comparecer y decir verdad para no incurrir en falso testimonio. Según los servicios jurídicos estatales existen «indicios» de que el jefe de gabinete de Díaz Ayuso accedió «a una parte del contenido de los correos» en los que la defensa González Amador ofreció realmente un pacto al fiscal Salto.
De momento, en la causa se investiga si el fiscal general y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, filtraron a la prensa este intercambio de correos el pasado marzo. La primera diligencia del juez, después de poner la causa bajo secreto parcial de sumario, fue intervenir casi ocho meses de comunicaciones en el móvil, la tablet y el ordenador de trabajo de García Ortiz el pasado 30 de octubre. Un auto de entrada y registro en su despacho que luego rectificó -Hurtado acotó la información intervenida a analizar a solo seis días- tras un recurso que señaló que los agentes de la UCO de la Guardia Civil se habían llevado información «altamente sensible» de otros casos y que la diligencia fue «desproporcionada».
Ahora es el fiscal general el que quiere que el instructor explore otra posibilidad: que el primer filtrador de estos correos, al menos parcialmente, fuera Miguel Ángel Rodríguez. El periódico El Mundo fue el primero en publicar que existían conversaciones entre la pareja de Ayuso y la Fiscalía para buscar un acuerdo extrajudicial. Esa información afirmaba que el ofrecimiento de pactar había partido del Ministerio Público y la Fiscalía decidió emitir un comunicado el 14 de marzo detallando la realidad de esas conversaciones.
Esa misma noche, el propio Rodríguez remitió a diversos periodistas el contenido de un correo enviado por el fiscal Salto al abogado de González Amador, añadiendo una falsedad que publicaron varios medios: que ese pacto había sido frenado desde las altas instancias del Ministerio Público (en referencia indirecta a García Ortiz), citando para ello fuentes de la defensa de la pareja de Díaz Ayuso.
La Abogacía del Estado explica que «la primera revelación de secretos fue de Miguel Ángel Rodríguez», acusándolo además de haber difundido un «bulo». «Propagó información manifiestamente falsa», añade. También pide la testifical de redactores de hasta siete medios de comunicación que publicaron informaciones al respecto.
A lo largo de todo el proceso, la Fiscalía ha defendido que su primer comunicado no reveló detalles que fueran secretos o que no hubieran sido publicados ya por medios de comunicación. Con estas testificales de periodistas, explica ahora, busca dilucidar si la filtración se produjo antes de que el fiscal general recibiera esos correos en su email personal cuando se los solicitó al fiscal Salto para elaborar el comunicado.
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