Solo horas después de que el PSOE diera a conocer este viernes su propuesta para limitar el papel de las acusaciones populares, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pidió al Supremo que tome medidas contra las «filtraciones ilegales» que asegura que se están ... produciendo en la causa que instruye el alto tribunal y de las culpa precisamente a los colectivos personados en este procedimiento en el que está imputado por la supuesta revelación de los correos del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso.
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La Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz, en un escrito de 20 páginas remitido al instructor del procedimiento Ángel Hurtado, denuncia que estas acusaciones populares son las responsables del impulsar un «juicio paralelo» en los medios de comunicación contra el máximo responsable del Ministerio Público.
Según los letrados del Estado, en este proceso se «han vulnerado los derechos fundamentales previstos a la intimidad en el entorno digital, a un proceso equitativo con todas las garantías procesales y a la presunción de inocencia, así como el derecho a la protección de datos de carácter personal».
Por ello, la defensa del Fiscal General pide, ante el «abuso en el ejercicio de su derecho», que se adopten medidas cautelares como agrupar a todas las acusaciones en una sola, como se ha hecho ya en el caso Ábalos en el Supremo, y que, llegado el caso,se abra una pieza separada para identificar a los filtradores y establecer multas.
En este procedimiento, en la actualidad hay cuatro acusaciones populares: el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Manos Limpias y la Fundación Foro Libertad y Alternativa.
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