El fiscal sostiene que el sistema de ayudas de los ERE exigía la aprobación de Chaves

El Ministerio Público sólo acusa a Chaves por un delito de prevaricación -a diferencia de su sucesor José Antonio Griñán, acusado también de malversación-, y pide para él 10 años de inhabilitación por su participación en el diseño del llamado «procedimiento específico» con el que del 2000 al 2009 se dieron 680 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis con créditos «inadecuados» y sin fiscalización previa.

Ese «procedimiento específico» se introdujo por primera vez en una modificación presupuestaria de abril del 2000 para aumentar los fondos destinados a estas ayudas, que hasta entonces se concedían como subvenciones excepcionales que daba y pagaba la Consejería de Empleo y pasaron a abonarse a través del ente público IFA (luego IDEA) con fondos que Empleo le enviaba mediante transferencias de financiación.

Para el fiscal, Chaves sabía que la modificación en la forma de presupuestar los fondos destinados al pago de las ayudas «no era un simple cambio menor» y que «la consecuencia lógica era que se suprimía la fiscalización previa de las ayudas que se dieran con cargo a esos fondos».

Por ello, la «trascendencia de esos cambios hacen difícilmente asumible que el consejero de Empleo tomara esta decisión por sí solo» y que «convenciera a la consejera de Hacienda» (entonces la también acusada Magdalena Álvarez) para que la asumiera, «sino que exigió la decisión aprobatoria del superior jerárquico de ambos, el presidente de la Junta de Andalucía, el señor Manuel Chaves»

Por otro lado, el fiscal Manuel Fernández Guerra considera que en el juicio del caso ERE «ha sido plenamente acreditado» que el expresidente andaluz José Antonio Griñán, como consejero de Hacienda del 2004 al 2009, era destinatario de los informes del interventor y ante sus avisos de irregularidades «pudo y debió» parar las ayudas investigadas.

El fiscal Manuel Fernández Guerra ha continuado este martes exponiendo su informe final, concretando la participación en los hechos investigados de cada uno de los 21 ex altos cargos de la Junta procesados, en los que basa su acusación.

En el caso de Griñán, para el que pide 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación, ha señalado que «no cabe la menor duda» de que como consejero de Hacienda era uno de los destinatarios de los informes de control financiero permanente de la agencia pública IDEA, encargada de pagar las ayudas.

En esos informes el interventor alertó del «uso inadecuado» de las transferencias de financiación de Empleo a IDEA para abonarlas y de que la Dirección General de Trabajo estaba dando ayudas «prescindiendo del procedimiento legalmente establecido».