Fernández Díaz sostiene que la responsabilidad de 'Kitchen' estuvo en la cúpula del PP

De esta forma, el abogado de Fernández Díaz, aunque sin citarlo de forma expresa, eleva la responsabilidad de la 'operación Kitchen' a la cúpula del PP en los años de los hechos, entre 2013 y 2015, cuando Mariano Rajoy presidía el partido y María Dolores de Cospedal era la secretario general. Sin embargo, tanto García Castellón como la Sala de lo Penal ya rechazaron en su día investigar a la dirección del PP por estos hechos.

El tribunal de apelación, presidido Alfonso Guevara, resolvió por última vez en febrero de 2013 que las grabaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo en las que apuntaban al conocimiento de Cospedal de estos hechos son indicios insuficientes para investigarla porque les falta «contexto».

El escrito de defensa de Fernández Díaz -de 31 páginas y en el que sostiene que no existen indios contra el exministro- denuncia que la instrucción del juez y su determinación de que el procesado fue el «máximo responsable» de 'Kitchen' «es ajena a toda lógica». Añade que es «contradictoria con el resultado de las diligencias practicadas» y concluye que ha «perjudicado gravemente ya (antes del juicio)» a su cliente, «quien se verá sometido a una pena de banquillo y telediario tan innecesaria como injusta».

Justifica, además, que la operación parapolicial contra Bárcenas «no le afectaba ni perjudicaba» personalmente, ya que la información sensible en poder del extesorero popular se refería a la existencia de una caja B en el seno del partido. «No se ha relacionado nunca su nombre con este asunto, por lo que no tenía interés o motivación especial en una operación policial dirigida a sustraer información de aquella investigación judicial», relata el letrado, que concluye: «Es tan evidente que el origen de la operación ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio del Interior, como que Bárcenas era el tesorero del Partido Popular y no dependía ni estaba vinculado con dicho ministerio».

También ha presentado su escrito de defensa el que fuera número dos de Fernández Díaz, Francisco Martínez. El exsecretario de Estado de Seguridad considera que, dado que los supuestos delitos que se le atribuyen, y por los que la Fiscalía le pide 15 años de cárcel como a su jefe, fueron cometidos en beneficio exclusivo del PP, de ahí la petición para que el partido sea condenado como partícipe a título lucrativo.

La defensa sostiene que su cliente no es responsable de ninguna de las conductas que se le atribuyen. «Es completamente incoherente investigar durante más de cinco años un supuesto encubrimiento, practicando toda clase de diligencias invasivas de derechos fundamentales, como intervención de comunicaciones y registro domiciliario, y no investigar en absoluto los delitos supuestamente encubiertos o a sus autores y partícipes, máxime si ocuparon altísimos cargos públicos», recoge su escrito.

El abogado de Francisco Martínez reclama además comparecencia en el juicio como testigo de su sucesor en el cargo, Juan Antonio Nieto, ya que el nombramiento del que fuera chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, procesado también en la causa, como Policía Nacional en compensación por sus servicios se produjo cuando ya estaba en el cargo, en mayo de 2017. Igualmente, esta parte interesa la testifical del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que arroje luz sobre el funcionamiento de los fondos reservados, su autorización y justificación, y del que fuera fiscal anticorrupción del caso Ignacio Stampa.

El escrito, de 30 páginas, se fundamenta en el hecho de que Martínez nunca recibió documentación alguna, en ningún soporte, de pruebas que obrasen en poder del extesorero Bárcenas o de su familia en el marco de una operación que se hubiera orquestado con el objetivo de sustraer material relacionado con la investigación judicial del 'caso Gürtel'. Del mismo modo, interesa que las siete grabaciones de sus conversaciones con Villarejo sean invalidadas ya que fueron obtenidas de forma «subrepticia».