Fernández Díaz amenaza con llevar la trama Kitchen a la cúpula del PP de Rajoy

El escrito fue presentado por el abogado del extitular de esa cartera en el momento de los hechos (2013-2015), Jorge Fernández Díaz. El histórico dirigente de la formación conservadora durante 35 años, procesado en esta causa y a quien la Fiscalía Anticorrupción reclama 15 años de prisión por tres delitos: malversación de caudales públicos, encubrimiento y contra la intimidad.

La novedad del recurso no vino por su tamaño, sino por otro elemento de mayor impacto. Por primera vez desde que se investiga la trama desde hace cinco años, una pieza separada del 'caso Villarejo', la defensa de Fernández Díaz se adhirió a las apelaciones del PSOE y de su número dos en Interior, Francisco Martínez, también procesado, en contra de la exclusión del PP como responsable civil de estos hechos. Una decisión avalada por el juez en su auto de apertura de juicio oral.

Es decir, el veterano político de 73 años admite que su partido se «benefició» del resultado del seguimiento a Bárcenas para recuperar información en su poder sobre la caja B de la formación conservadora. De ahí que resulte «obvio, coherente y necesario», alegó, incluir al PP como responsable civil a título lucrativo y reclama que se siente en el banquillo por esta consideración.

La ruptura de facto de Fernández Díaz con el PP llega casi en el tiempo descuento de la instrucción de la causa, con el auto de apertura de juicio oral ya dictado y sin haber hecho de forma previa ningún movimiento en su estrategia de defensa que involucrara a la cúpula del PP de Mariano Rajoy, en especial a la que fuera su secretaria general María Dolores de Cospedal, en el conocimiento de esta operación.

Lejos quedan aquellas palabras de Fernández Díaz en la comisión de investigación del Congreso sobre la Kitchen. En diciembre de 2021, compareció ante los diputados, exculpó a Rajoy y Cospedal y reiteró el mantra que repitió desde el primer día: «Me enteré por la prensa»; «si esa operación se hizo fue sin mi conocimiento». Pero comentó algo que entonces pasó desapercibido y que ahora, tras su último escrito, adquiere mayor relevancia. «Yo no acuso a nadie, me estoy defendiendo», dijo, y solo reconoció que, aunque no quería decir que había sido traicionado, sí estaba «decepcionado».

Es decir, que el procesado ya se sentía defraudado no solo con los indicios aportados por su número dos para incriminarle – un intercambio de whatsapp donde vendría a reconocer que sí conoció el plan policial–, sino también con su partido. La misma organización que le había suspendido de militancia ese mismo verano de 2021 y que aún hoy, tras pasar la presidencia de Pablo Casado a Alberto Núñez Feijóo, mantiene abierto su expediente pero sin ningún resultado a la vista.

Este movimiento en los tribunales de Fernández Díaz abre otra incógnita no menos relevante. ¿Decidirá dar un paso adelante en una futura comparecencia en la comisión de investigación que habilite el Congreso sobre la actuación de la llamada «policía patriótica» en Cataluña? En la pasada legislatura ya concluyó el órgano creado a tal efecto que existió una estructura en Interior para «perseguir» a adversarios políticos, incluido el independentismo catalán. Sin embargo, en una reciente entrevista en El Confidencial el exministro lo negó.

También rechazó el término 'lawfare' sobre una presunta campaña de los jueces para perjudicar a los dirigentes nacionalistas, incluido en el texto pactado entre el PSOE y Junts para la investidura de Sánchez. «Rotundamente no. Es una infamia contra el poder judicial», respondió. Pero a la pregunta sobre la existencia de una «operación Cataluña» no se cerró en banda: «Entra en un campo del que no voy a hablar por petición de mi abogado», afirmó.