Un juez investiga al alcalde de Estepona del PP por acoso sexual a un funcionario

La acusación se formalizó el 23 de octubre –cuando no había trascendido que Iñigo Errejón puede ser el autor de varios episodios de violencia sexual contra mujeres–, aunque, por ahora, la única diligencia acordada es la toma de declaración al denunciante en una fecha próxima. A partir de ahí, y en función de los indicios de delito que se pudieran recabar, se decidirá sobre los siguientes pasos a tomar, según explicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a este periódico.

García Urbano, por su parte, emitió un comunicado presentándose como «víctima de una denuncia falsa» y de una campaña para «dañar su reputación». El regidor anunció que pondrá el asunto en manos de un equipo de abogados que va a personarse en el procedimiento para solicitar que se proceda a escucharle, de manera voluntaria y a la mayor brevedad, para poner de manifiesto la falta de fundamento de dicha denuncia.

En el caso del segundo alcalde, la alarma saltó cuando a última hora del lunes Alvise Pérez, eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), hizo públicos mensajes a través de Telegram que revelaban un presunto acoso sexual de Landaluce a dos concejalas. En los chats que publicó el agitador –los cuales borró posteriormente–, ambas afectadas hablaban de tocamientos y momentos incómodos. El propio Alberto Núñez Feijóo aludió a este asunto en una entrevista en EsRadio, donde señaló que, tras hablar con el regidor de Algeciras, el tema se ha «aclarado», aunque no ofreció más detalles.

«Ayer sale una referencia a un senador nuestro y automáticamente hablamos con él y automáticamente se aclara este asunto. ¿Por qué? Porque sabemos que esto puede ocurrir», dijo el jefe de la oposición, quien añadió que a su partido nadie le puede «acusar de dar lecciones de todo y no ser ejemplo de nada», en alusión a lo ocurrido en la izquierda con Errejón.

El líder gallego también lanzó un mensaje significativo tras lo acaecido en los últimos días referirse a la posibilidad de que aparezcan casos como el del exportavoz de Sumar en sus filas. «Nadie pone la mano en el fuego por nadie», dijo Feijóo, quien preguntado sobre si ve bien que se utilice internet para denunciar agresiones, respondió que le «preocupa» que «haya que ir a una red social y no se pueda ir a una comisaría».

La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, fue otra de las que se pronunció al respecto –durante su visita a la Fundación Ronald Mcdonald– al afirmar que, al conocerse los mensajes sobre el alcalde de Algeciras, el protocolo «se activó de manera inmediata». «Se preguntó fundamentalmente a esas dos mujeres y son ellas con las que se puso en contacto la dirección del PP en Andalucía, en Cádiz, para conocer la veracidad de esas informaciones», relató. Según Gamarra, las dos concernidas «desmintieron cualquier tipo de actitud» ilícita y mostraron su «sorpresa».

También aludió al asunto la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, quien matizó que –a pesar de las palabras de Feijóo o Gamarra– «se ha abierto una investigación» y que esta todavía «no está cerrada». «Me remito a las conclusiones que se vayan a obtener en ese procedimiento de investigación», aseveró.