Feijóo se rearma con «el judo» contra Vox y va al pulso con Sánchez por la ley de extranjería

Y los suyos, cuya satisfacción raya el alborozo tras haber presenciado cómo el presidente de Vox se iba metiendo, él solo y con su «facción» más inflexible, en «el callejón sin salida» que ha desembocado en el portazo a los ejecutivos de Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Aragón, tiran de épica y de ajuste de cuentas para resumir el enésimo cambio de raíl de la convulsa legislatura española. Ermua, ejemplifican en Génova, es «el símbolo» más al límite «de hasta dónde está dispuesto a resistir este partido a los chantajes. «Feijóo le dice a Vox que lo va a hacer (aceptar la acogida de los menores extranjeros desamparados) y eso se convierte en un punto sin posibilidad de retorno para Santiago Abascal».

El líder, detallan en su equipo, ha venido «aguantando» que sus hasta ahora aliados autonómicos –está por ver si Abascal consuma su amago de extender el divorcio a los 114 ayuntamientos que ambos partidos cogobiernan– acusen a los populares de «falta de pureza», se jacten de «supremacía ideológica», presuman de «ser ellos los que saben cómo derrotar a Sánchez» o trufen la actuación institucional de incómodas estridencias. La gota que ha colmado el vaso ha sido la imputación de que el PP ampara «robos, violaciones y machetazos» al dar cobijo a los menores inmigrantes a los que Abascal quiere deportar.

Feijóo, que ha evitado desde que aterrizó en Madrid intimar con el líder de Vox, ha aguardado «paciente» y ha encontrado la ocasión propicia para entonar el 'por aquí no paso'. En el trasfondo late la conciencia de que los pactos con la extrema derecha dieron sepultura a sus opciones de alcanzar la Moncloa tras las generales del 23 de julio, de las que ahora se cumplirá un año. Pero en esto, Abascal también está nutriendo el relato de los populares cuando incide en que Feijóo nunca quiso, en realidad, pactar con él.

Fue el repentino acuerdo en la Comunidad Valenciana suscrito por Carlos Mazón el que detonó unas alianzas después de los comicios locales del 28-M –el estreno tuvo lugar en Castilla y León en 2022, con Pablo Casado aún a los mandos del PP– que, formalmente, Feijóo no ha roto. A la gallega, esperó a Abascal en la esquina y le aguantó el envite para que fuera él quien abandonara oficialmente los gobiernos. La llave de «judo» político –así lo describen los suyos– por la que aprovechó el ultimátum del líder de Vox para cargarse de razones y darle un volteo. Los voxistas le acusan de cometer «un fraude» a sus propios electores; los socialistas subrayan que la ruptura sujeta a «la prueba del algodón» solo demuestra el craso error de «pactar con la ultra».

Pero en Génova, donde se congratulan de los arrestos de los presidentes autonómicos que han asumido el reto de gobernar en minoría, creen que, como en el judo, su presidente se ha alimentado de la fallida energía de sus rivales con un mínimo consumo propio para exhibir «autoridad», aunque admite que sus mandatarios tendrán que batallar día a día; en los parlamentos regionales, por de pronto. Marga Prohens, que lidera Baleares con apoyo desde fuera de Vox, le ha pedido que renuncie a la presidencia de la Cámara, cargo que la derecha radical retiene en las comunidades concernidas por la ruptura salvo en Murcia y Extremadura. Ayer, en el congreso provincial del PP de Orense, Feijóo comenzó la opa sobre el electorado voxista recordando que en el PP «tiene su casa», distinguiendo entre las bases y la dirección de Abascal, en cuyas debilidades los populares están hurgando ya.

Con todo, Génova se cuida muy mucho de aventurar hacia dónde puede ir la legislatura aun dando por hecho que el divorcio de Vox y el pacto sobre el CGPJ desarman «el argumento de ataque» del PSOE que equipara a Feijóo con Abascal. Y además de anticipar que su estrategia de oposición a Sánchez va a ser «la misma», las fuentes consultadas dejan entrever que harán sudar al Gobierno con la reforma de la ley de extranjería, aun cuando los socialistas vayan a registrarla en el Congreso como proposición de ley este mismo lunes con la presencia de Fernando Clavijo, el presidente de Canarias coaligado al PP.

Los populares guardan su posición sobre el cambio que el Ejecutivo pretende del artículo 35 de la norma para que sea obligatorio e inmediato el reparto de menas cuando alguna autonomía rebase al 150% su capacidad de acogida. Su líder volvió a reprobar ayer, por «irresponsable» y baldía, la política migratoria de Sánchez, que pende del voto de la oposición ante la negativa de Junts y las reticencias de ERC a que Cataluña acoja más menores vulnerables. «Feijóo ya avisó al presidente de que no le busque cuando le fallen sus socios», recalcan en Génova, dispuestos a explotar «la ansiedad» del Gobierno.