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El PP quiere demostrar que, más allá de la batalla política constante que libra contra la ley amnistía o el concierto catalán pactado por el PSC y ERC, representa una alternativa real también al Gobierno de Pedro Sánchez en medidas socioeconómicas abanderadas por la izquierda. ... Por esa misma razón, Alberto Núñez Feijóo mantuvo este viernes una reunión en Barcelona –lugar siempre «simbólico» para el principal partido de la oposición– con asociaciones de familias numerosas a fin de lanzar en ese marco la ley de conciliación que los populares pretenden registrar en el Congreso este mismo mes de octubre.
Lo hizo en el marco de la ronda de contactos con agentes sociales que anunció días atrás con el objetivo de apuntalar una norma que, llegó a presumir ayer el jefe de la oposición, será «la mejor de la democracia» en esta materia. «No nos podemos permitir las dificultades de las personas jóvenes y de mediana edad para tener hijos y para construir una familia», dijo el jefe de la oposición, antes de añadir que «la conciliación debe regresar al centro del debate político».
Lo cierto es que el PP lleva semanas tratando de focalizar la atención pública en estas medidas. Una forma de intentar comer terreno al PSOE y sus socios en lo relativo a iniciativas que tradicionalmente la izquierda ha sabido capitalizar mejor. Y una prueba más de la apuesta de Feijóo por no ser percibido como un eventual candidato a la Moncloa que ignora a los agentes sociales o sindicatos, con quien su antecesor en la presidencia del PP, Pablo Casado, no acabó nunca de fraguar una relación fluida.
Además, la insistencia del PP en reforzar su discurso en este frente también viene a poner de manifiesto lo alejadas que se encuentran las posturas actualmente con Vox, que no abandona su duro discurso contra los sindicatos o en ámbitos como la inmigración. La salida de los de Santiago Abascal de los gobiernos autonómicos que compartían con el PP, además, ha hecho que la presión que existía en Génova por no incomodar a la derecha extrema en ciertas cuestiones desaparezca, aunque los voxistas sigan amenazando con hacer caer los presupuestos en esos territorios.
Génova todavía no ha revelado todos los detalles que se incluirán en la ley, pero la idea es ir desgranándolo de forma paulatina. Feijóo, ayer mismo, dio a conocer varias novedades, como la propuesta para elevar de 1.200 a 1.800 euros anuales las deducciones por hijo para estimular la natalidad o «blindar por ley» la bonificación del 45% para la contratación de cuidadores por parte de las familias numerosas; además de que se mantenga esa condición familiar cuando los progenitores se divorcian.
La medida estrella de los populares pasa por la gratuidad de las escuelas infantiles de cero a tres años. A lo que se suma un banco de horas para facilitar la conciliación –que Feijóo ya incorporó en el discurso de su fallida investidura hace un año– y ampliar los permisos de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas.
Feijóo aún debe reunirse con los sindicatos y las patronales antes de llevar su norma a la Cámara baja. Desde Génova piensan que los «beneficios» que conllevan estas propuestas deberían ser suficientes para convencer al resto de grupos. Pero subrayan a este periódico que, en caso contrario, les bastará con que sirva para atraer al electorado al que «todavía no convence» la alternativa de Feijóo. Ello además de incentivar la confrontación, dentro y fuera del Parlamento, con el PSOE y Sumar, que ya han comenzado a hacer campaña contra lo que interpretan como un gesto hipócrita del líder del PP a tenor de lo que viene promoviendo el partido y sus barones territoriales en esta materia.
Si buscan el éxito en el Congreso, los de Feijóo deberán buscar el apoyo de Vox, Junts y el PNV. Si las relaciones con la extrema derecha se han deteriorado tras el abrupto divorcio en los gobiernos autonómicos, la posición de los independentistas –que encendieron hace diez días todas las alarmas en el Gobierno al tumbarle la ley para acotar el alquiler temporal– constituye casi siempre una incógnita, sujeta a su presión soberanista. En cuanto al PNV, su entente con el PSE en el Gobierno vasco limita las eventuales coincidencias con los populares, al margen de que ese Ejecutivo lleva a gala ya aplicar algunas de las medidas de conciliación más avanzadas del Estado.
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