María Eugenia Alonso y Emilio V. Escudero
Madrid | Lugo
Sábado, 10 de febrero 2024
La amnistía siempre ha sido una «línea roja» para el PP. Así lo han proclamado una y otra vez los populares desde que el pasado 23 de julio el resultado arrojado por las urnas entregase a Junts la llave de la gobernabilidad. El partido del ... prófugo Carles Puigdemont puso precio a los votos de sus siete diputados y reclamó la despenalización íntegra del 'procés' a cambio de desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Una exigencia que la formación independentista puso sobre la mesa al partido conservador en la reunión que mantuvieron el pasado verano en el reservado de un hotel en Cataluña y que el PP no tardó «ni un día» en descartar por considerarla «ilegal». Lo confirmó este sábado el propio Alberto Núñez Feijóo en un acto de campaña en Sarria (Lugo), admitiendo por primera vez que sopesó la propuesta de Junts durante al menos «24 horas» pero que terminó por desechar la oferta. «Se estudió la legalidad, que ya sabíamos lo que era, y se descartó. No tardamos ni veinticuatro horas, porque no era constitucional», explican fuentes populares. Primó el rápido dictamen jurídico y el criterio de salud democrática antes que la aspiración del político de Os Peares de ser investido presidente del Gobierno a cualquier precio.
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«No somos el PSOE. No comerciamos con España. No nos movemos por la conveniencia política o personal», aseveró Feijóo en Galicia, donde el PP libra una batalla clave para mantener su mayoría en la comunidad ante todo el bloque de izquierdas. «Nosotros no estudiamos las propuestas que nos hacen en base a quién las hace, sino en base a si esto beneficia a España y si entran dentro de la legalidad constitucional», sostuvo.
A pesar de reconocer que su partido examinó la propuesta lanzada por los de Puigdemont, aunque fuese por unas horas, el líder de los populares insistió en que la única respuesta posible era el portazo. «Aceptar una amnistía a favor de unos políticos rompe el principio de igualdad de las leyes que soporta el PP como partido de Estado», arguyó. Adiferencia de Sánchez, dijo, quien ha visto en la amnistía una «oportunidad» política y lleva cinco meses tratando de encajarla «a martillazos» en la legislación europea y en la Constitución.
En el PP aseguran que en aquella reunión estival con Junts no se habló de los indultos, que según dicen podrían haber sido una vía para desenredar el conflicto catalán. «Se podrían haber estudiado, pero para hacerlo primero tendrían que haberlos pedido y, antes de eso, Puigdemont tendría que haber rendido cuentas con la justicia. Plegarse al Estado de derecho como todos los ciudadanos». Estas mismas fuentes admiten que faltaría, además, otro elemento para que hubieran abierto esa puerta: el arrepentimiento. «Algo que no ha ocurrido –exponen– con los indultados por el Gobierno, que siguen mostrando su disposición a la independencia unilateral». La reconciliación en Cataluña, recalcó Feijóo en Sarria, «nunca puede pasar por la impunidad».
Todo esto, 72 horas después de que el expresidente de la Generalitat amenazase con desvelar ciertos detalles de aquellos contactos veraniegos que «no inquietan» en Génova. «No estamos preocupados», aseguran. Tampoco creen que al prófugo se le esté investigando por no haber investido a Feijóo, tal y como él mismo denunció esta semana. Es más, en el primer partido de la oposición sostienen que la preocupación del Ejecutivo de Sánchez y de Junts por una posible condena al exmandatario autonómico es exagerada. «Es complicado que se puedan probar esas conexiones de Puigdemont con el terrorismo, pero lo que no se puede evitar –apuntan las fuentes consultadas– es que se investiguen».
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Otro de los asuntos que se han colado en el ecuador de la campaña es la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial y reformar la ley de elección de los jueces. La gripe A que lleva días padeciendo Esteban González Pons ha obligado al PP a pedir que se retrase una semana la reunión prevista este lunes con el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, y el ministro Félix Bolaños. Cónclave fundamental para los conservadores, que están abiertos a un acuerdo, insisten en Génova, siempre y cuando ambos asuntos se sellen a la vez. «Confianza en este Gobierno, cero. Por eso, tienen que hacerse al mismo tiempo. En el mismo pleno si puede ser», señalan estas mismas fuentes, que apuntan a la reciente reforma constitucional como el modelo ideal para llevar a cabo este asunto que «preocupa en Europa».
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