Feijóo: «En Cataluña hay un apartheid lingüístico»

Feijoó ha reclamado al Gobierno que impugne el decreto aprobado por el Govern al Tribunal Constitucional. Solo el Ejecutivo tiene la posibilidad de dejar este decreto en suspenso, si así lo requiere de manera cautelar al Constitucional, mientras aborda el fondo de la impugnación. De momento, el Gobierno central no ha mostrado su intención de tumbar la iniciativa legal de la Generalitat, que no cuenta con el apoyo del PSC, pero sí de ERC, Junts y los comunes. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado desde Jerez que el Ejecutivo nacional está haciendo un «esfuerzo sin precedentes para, en el ámbito de las relaciones entre las administraciones públicas, llegar a acuerdos y no generar conflictos».

«Parece que no lo va hacer» (presentar el recurso de inconstitucionalidad, ha dicho Feijoó. Y ha acusado al Gobierno de sentirse «cómodo» de que en «una parte del territorio nacional se incumpla la ley«, ha declarado. A su juicio, Pedro Sánchez mira haca otro lado en matera lingüística para no molestar a sus socios de ERC y poder alargar la legislatura. El PP, junto a Ciudadanos y Vox, tienen previsto llevar el decreto al Tribunal Constitucional. También al Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña. Esto mismo ya lo hicieron con la ley del catalán, impulsada por PSC, ERC, Junts y los comunes. «En Cataluña se incumplen las leyes y el PP se ve en la obligación de presentar un recurso de inconstitucionalidad», ha afirmado. «Volver a las andadas y volver a hacer un procés lingüístico en Cataluña es inadecuado», ha insistido.

El presidente del PP, que causó revuelo por la posición de la nueva cúpula popular en el debate sobre las nacionalidades de España, en concreto de su número 3, Elías Bendodo, ha vuelto a defender lo que él llama «bilingüismo cordal», aplicado durante sus mandatos como presidente de la Xunta de Galicia, que consiste en que el 50% de las asignaturas se imparten en gallego y el 50% en español. Va más allá de lo que exige el TSJC al Govern catalán, que fija el porcentaje de castellano en el 25%. El Govern se niega a aplicar porcentajes, así se lo ordena a los centros escolares en la circular enviada el martes y que es deriva del decreto aprobado por la administración catalana.

El consejero de Educación de la Generalitat, Josep González-Cambray, en el ojo del huracán, ha vuelto a defender el decreto aprobado. El consejero se ha mostrado dispuesto a defenderlo hasta las últimas consecuencias. Desde ayer, hay querellas penales que apuntan ya directamente contra Cambray. Ciudadanos le ha denunciado por desobediencia y prevaricación en la Fiscalía y entidades que abogan por el bilingüismo han reclamado al TSJC que abra una investigación penal por esos dos mismos delitos. Cambray no cree que los directores de los centros escolares corran riesgo de ser inhabilitados si ignoran la sentencia y no aplican el 25% de español y solo cumplen el decreto ley. El consejero ha asegurado en Catalunya Ràdio que no se plantea «demasiado» si se está jugando la inhabilitación y ha remarcado que el departamento asume la responsabilidad legal de los proyectos lingüísticos que valide. Ha afirmado que está dispuesto a llegar «donde haga falta» en la defensa del catalán en la escuela.