PSOE y PP mantienen sus líneas rojas sobre el CGPJ tras comprometerse con Reynders

Aunque socialistas y populares dicen tener voluntad de un acuerdo, a día de hoy mantienen sus líneas rojas y disienten en cómo debe materializarse. El Ejecutivo de Pedro Sánchez defiende que primero debe renovarse la actual nómina antes de cualquier cambio en el sistema de elección de los jueces y juristas que conforman el CGPJ, mientras que los de Alberto Núñez Feijóo insisten en que la actualización y la reforma de la ley que garantice la independencia del modelo judicial español tienen que ser «simultáneas». O todo o nada.

«Mientras no se cierre todo, no vamos a poder acordar nada», aseguró este jueves desde Bruselas el propio líder del PP. De fondo subyace la desconfianza hacia el Gobierno, que, según subrayan los populares, ya les engañó una vez «pero no habrá una segunda ocasión». Fue en octubre de 2022, con el pacto casi ya cerrado, cuando los conservadores se enteraron de que Sánchez se disponía a acometer una reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del 'procés'. Félix Bolaños, el ministro al frente de las negociaciones, les había asegurado que el Ejecutivo no pensaba abolir ese ilícito.

El acuerdo saltó por los aires. A falta de la rúbrica, PSOE y PP habían acordado no solo la correlación de fuerzas del nuevo CGPJ y los 20 nombres de los consejeros, «impecables» en independencia, sino también los nuevos criterios de «idoneidad» para garantizar una mayor despolitización; y que ambos grupos presentarían una proposición de ley conjunta en la que el Congreso instaba al Poder Judicial a realizar un informe sobre posibles modificaciones del sistema de elección para que las Cortes lo estudiaran y tomaran una decisión.

En Génova asumen que hay que renovar el órgano de gobierno de los jueces pero inciden, también, en «hacer un texto legal para modificar el sistema de elección del Consejo». Significa que «habrá renovación y ley, si no quedaría coja; no sería una negociación, sino un arreglo», sostienen. «No queremos engañar a nadie, el Gobierno lo sabe y yo creo que los españoles tienen derecho a saberlo», insistió Feijóo.

Con la lección bien aprendida, los populares andarán con pies de plomo en la negociación iniciada con el Gobierno en la que la participación de Reynders es clave. El comisario, que ha emplazado a ambas partes a una nueva reunión el próximo 12 de febrero, ha advertido de que su prioridad es la elección de una nueva composición del CGPJ, para llevar a cabo, a renglón seguido, una revisión de la fórmula de nombramientos, como reclaman en Génova. «Si jugamos todos limpio –avisan en el PP– podemos dar una buena noticia».

Para el Ejecutivo, en cambio, lo único prioritario sigue siendo la renovación del CGPJ antes que abordar una revisión del modelo. En la Moncloa defienden que éste fue instaurado por el PP estando en la oposición y recuerdan que ya en el Gobierno, con mayoría absoluta, no lo modificó. «Lo primero es renovar y, una vez que se renueve el CGPJ, como ya dijimos en su momento, abriríamos ese proceso de diálogo para llevar adelante el cambio del sistema de elección de los vocales», aseveró la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, con lo que las posturas siguen hoy muy alejadas.