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El Partido Popular trata de redoblar la presión sobre el Gobierno activando la voz de alarma en Europa por el frente judicial que acecha al entorno de Pedro Sánchez. El presidente de los populares participó este jueves en Bruselas en una reunión del Partido Popular ... Europeo (PPE) y aprovechó la ocasión para advertir de la «dimensión internacional» de las investigaciones que afectan a la Moncloa, lo que denominó de «absoluta anomalía» en la Unión Europea.
«Lo que ocurre en nuestro país no es una polémica doméstica, sino que trasciende a Europa porque la salud de la democracia en España es la salud de la democracia en la Unión», señaló el jefe de la oposición en una comparecencia ante los medios de comunicación desde la capital belga antes de recalcar que «las investigaciones judiciales en torno al presidente del Gobierno, a su familia, a su gobierno y a su partido están teniendo trascendencia en las cancillerías europeas».
Génova considera que Sánchez atraviesa un momento de extrema dificultad y por ello pretende atacar por todos los flancos posibles. Además del europeo, el expresidente de la Junta de Galicia también hizo un llamamiento en la jornada de ayer a los socios que apoyan al secretario general socialista, para que dejen de hacerlo ante el «deterioro democrático» de España. «Queda por ver quién permanece al lado embarrándose y embarrando la vida política española. Aconsejo a sus socios que revisen su posición y que sean coherentes con algunas de sus decisiones anteriores».
Un mensaje sibilino cuyos destinatarios –aunque Feijóo no los mencionase expresamente– eran PNV y Junts. Dos formaciones que el PP lleva meses intentando atraer en el Congreso en votaciones para sumar un bloque alternativo al Gobierno. «Desde que el Gobierno está en minoría, la responsabilidad se extiende a los socios», lanzó el político gallego.
El actual Gobierno alcanzó el poder en 2018 gracias a una moción de censura que se vertebró debido a los casos de corrupción que cercaban al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Y en esa moción de censura, la posición del PNV fue determinante. Sus votos fueron clave para dejar caer a los populares –a pesar de que solo una semana antes los de Andoni Ortuzar apoyaron a los populares para sacar adelante los presupuestos–. Ahora que un caso de corrupción cerca al Ejecutivo actual, el caso Koldo, Feijóo redobla su presión contra formaciones como el PNV y Junts.
Aunque lo cierto es que al menos de momento, estos dos partidos descartan una moción de censura para derribar a Sánchez o una alianza con el PP. Desde el PNV creen que a Feijóo «le entra la prisa» al denunciar una presunta financiación irregular del PSOE, mientras que Junts, pese al coqueteo –este martes el partido tuvo que desmentir unas palabras de su presidenta, Laura Borràs, que daban a entender que los posconvergentes estarían predispuestos a ello–, tilda una posible moción de «fantasía».
El discurso del líder gallegó tras su cónclave con los líderes del PP europeo se centró casi por completo en Sánchez. Uno de los temas a los que hizo referencia el jefe de la oposición fue el de la reciente imputación de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, a quien criticó duramente tras su decisión de no dimitir a pesar de la investigación abierta por el Tribunal Supremo.
A su juicio, García Ortiz «lleva desde hace mucho tiempo en una situación atípica» porque «ha sido el fiscal más polémico de la democracia». Asimismo, Feijóo aludió al problema migratorio y arremetió contra Moncloa por no haber aceptado todavía ayuda de Frontex en Canarias. Y al ser preguntado por la externalización en centros situados fuera de la Unión Europea de migrantes irregulares en demanda de asilo, el proyecto estrella de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que se ha estrenado en Albania, se mostró algo escéptico.
El líder de los populares no aprobó ni rechazó de forma clara la propuesta, sino que se ha limitado a criticar la «falta de política migratoria» del Gobierno, al que exigió pedir ayuda a sus socios europeos y criticó por no aceptar el acuerdo de reparto al que Génova llegó con el Gobierno canario el pasado septiembre.
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