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El Ejecutivo de Castilla y León atraviesa sus horas más bajas a cuenta de las medidas antiabortistas anunciadas por Vox y que la formación de extrema derecha insiste en mantener en pie por más que el presidente Alfonso Fernández Mañueco negase este lunes cualquier cambio ... en el protocolo de atención a mujeres embarazadas. Un pulso entre los dos socios de Gobierno que ha saltado a la arena nacional arruinando la estrategia de moderación de Alberto Núñez Feijóo y creando una pista de aterrizaje para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez advierta de un recurso de inconstitucionalidad si se toca en algo el ejercicio del derecho al aborto, sin que por el momento la sangre haya llegado al río. Aunque en el entorno de Fernández Mañueco no esconden el hartazgo por las salidas de tono de su vicepresidente, Juan García-Gallardo, descartan una convocatoria electoral anticipada. «No estamos en ese punto», reconocen las fuentes consultadas.
El órdago lanzado por Vox a primera hora de ayer amenazando a los populares con una ruptura de la coalición si no se aplica el plan, supuestamente acordado por ambas formaciones antes de la investidura de Fernández Mañueco, acabó con el paso de las horas en un simple envite que fue respondido con contundencia desde Madrid. Feijóo rompió su silencio de seis días para alinearse con su dirigente territorial y advertir a los de Santiago Abascal de que «se equivocan profundamente» alimentando esta «falsa polémica» que solo beneficia al PSOE. Los socialistas han visto en ella una oportunidad para desprestigiar al principal partido de la oposición y su gestión a los mandos de Castilla y León.
El líder conservador negó, en sintonía con lo señalado 24 horas antes por el presidente regional, que se vayan a restringir los derechos de las mujeres embarazadas en la comunidad castellanoleonesa ni en ninguna otra donde gobierne el PP, cerró filas con Fernández Mañueco y recordó que quien tiene el control de un Gobierno autonómico es su presidente tanto para tomar decisiones de este calado como para decidir la continuidad del gabinete o apretar el botón electoral si fuese necesario. «Quien manda es el presidente, y cuando el presidente habla, los demás no tienen nada que decir», afirmó Feijóo en Telemadrid.
El jefe de la oposición acusó al Gobierno de Sánchez de «convertirse en un agente electoral» al redactar un «requerimiento gaseoso» sin base alguna, más allá de «supuestos de noticias y comentarios de ruedas de prensa», sin que el plan en materia sanitaria de la Junta haya sufrido modificación alguna por el momento. En su opinión, se trata de «un burdo intento de manipulación» de Moncloa para tratar de «desviar la atención» por los errores cometidos con la ley del 'solo sí es sí', que ha facilitado la rebaja de casi 190 condenas a delincuentes sexuales.
En Génova han dado orden de desactivar cuanto antes una polémica que les aparta de su estrategia de ocupar el centro para poder conformar mayorías amplias que les permitan gobernar en solitario. En un año electoral clave, el debate del aborto podría ahuyentar al casi millón de votantes socialistas desencantados con el 'sanchismo' a los que quieren convencer para que elijan ahora la papeleta del PP o soliviantar a su electorado más conservador que aún no se ha marchado a Vox. «No nos incomoda. En temas morales es normal que pensemos diferente porque dentro del partido hay distintas sensibilidades», sostienen en el equipo de Feijóo.
A nadie se le escapa que Castilla y León, la única cuota de poder de la formación de Abascal, es el escaparate perfecto para explotar su perfil y mostrar su agenda ideológica. De ahí que Vox no haya cedido en su versión de que existía un acuerdo de Gobierno sobre las nuevas medidas antiabortivas y el secretario general de la formación, Ignacio Garriga, llegase a amenazar con quebrar el Ejecutivo autonómico. «Si los acuerdos de investidura no se cumplen tendremos que revisar ese acuerdo y revisar la opción de seguir o no en el Gobierno», lanzó por la mañana.
Horas después, Vox rebajó el tono. Su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, precisó que las «revisiones» y las actualizaciones o revaluaciones de los cumplimientos del acuerdo son «algo natural» y constante. «Revisar el pacto y romper el Gobierno –señaló– no es lo mismo».
El portavoz parlamentario remitió al acuerdo anunciado el pasado jueves y reclamó a los populares su aplicación tal y como se planteó, sin referencias a la obligatoriedad de que los médicos ofrezcan a las mujeres escuchar el latido del feto o realizar ecografías en 4D a partir de la sexta semana de gestación. «Espero que en los próximos días se recobre el sentido común, se recupere la normalidad y se mande el protocolo que se ha acordado en los términos que se ha acordado y que están por escrito», dijo Espinosa, que acusó a Génova de apuntarse a esta polémica «en su giro a la izquierda» por la presión de los medios.
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