Las familias de los 21 marineros muertos en el 'Villa de Pitanxo', el barco congelador hundido el pasado 15 de febrero en aguas de Terranova (Canadá), han presentando una querella conjunta para dirimir la presunta responsabilidad penal del patrón del congelador, Juan Padín, de su ... sobrino Eduardo Rial y del armador, Grupo Nores, como persona jurídica. El escrito recoge hechos que podrían suponer la presunta comisión de delitos de homicidio por imprudencia, contra la salud de los trabajadores, encubrimiento y falsedad documental.
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El registro de la querella llega en plena investigación judicial tras el informe incriminatorio de la Guardia Civil y, además, con el conflicto de competencias latente sobre el órgano que finalmente instruirá este grave siniestro: si un juzgado de la Audiencia Nacional u otro ordinario de la provincia de Pontevedra, como el de Marín, sede de la empresa del arrastrero.
De momento, el próximo 6 de junio están citados en la Audiencia Nacional los tres supervivientes del hundimiento del arrastrero: Padín, su sobrino y el ciudadano ghanés Samuel Kwesi. Estos dos últimos lo harán en calidad de testigos y el patrón, como investigado. Tanto el titular del Juzgado Central de Instrucción número dos, Ismael Moreno, como la Fiscalía quieren escuchar a los marineros mientras se resuelve la cuestión de competencia planteada por el juzgado de Marín. Un asunto que parece que tendrá que resolver el Tribunal Supremo.
Además, en los próximos días se espera más información de la investigación de campo que está realizando la Guardia Civil de Pontevedra, que amplió el primer atestado sobre el siniestro con nuevas hechos incriminatorios.
A raíz del conocimiento de este informe es cuando las familias se han decidido a presentar la querella para apuntalar la causa abierta tras el hundimiento del buque congelador a 250 millas de la costa y el fallecimiento de 21 personas .
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Los tres supervivientes declararán de forma presencial en el juzgado de la Audiencia Nacional, después de que se rechazase la petición de intervenir por videoconferencia. La novedad de la querella es que apunta también hacia el armador Nores, a quien se le atribuyen hechos que se podrían tipificar en delito contra la salud de los trabajadores - debido a la gestión de los contagios por coronavirus en el barco- encubrimiento y falsedad documental.
En un auto del pasado 6 de abril, el juez Moreno explicó que la causa se inició por una denuncia presentada por la Dirección General de la Guardia Civil de Pontevedra tras tomar declaración a los tres supervivientes. Uno de ellos, el ghanés Samuel Kwesi -señaló el instructor-, efectuó una declaración distinta a la que prestó anteriormente sobre la forma en que se produjo el hundimiento del pesquero y cómo fueron falleciendo por hipotermia cada uno de los tripulantes.
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En esa resolución, recogió además que «se concitan elementos indiciarios» que permitirían imputar «al menos 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores», sin atribuir individualmente la responsabilidad. Una circunstancia que ahora trata de pulir la querella presentada por los familiares.
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