El fallo de los ERE llega diez años después en plena negociación de la investidura

La mayor incógnita reside en saber si la responsabilidad penal se ciñe al área de Empleo o alcanza a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, lo que supondría una auténtica bomba en la línea de flotación del PSOE en plena negociación del Gobierno de coalición con Podemos, por cuanto Pedro Sánchez tejió la moción de censura en 2018 tras conocerse el fallo que implicó al PP en el caso Gürtel.

Los 21 ex altos cargos, entre los que se encuentran además exconsejeros y exdirectores generales de las áreas de Empleo, Hacienda, Economía o Innovación, están acusados de prevaricación y malversación y se enfrentan a penas que oscilan entre los 10 años de inhabilitación, como en el caso de Chaves, y los ocho años de cárcel en los casos de malversación. A Griñán, que dejó la Junta en 2013 precisamente para evitar el desgaste por este escándalo de corrupción, la Fiscalía le reclama seis años de prisión y otros 30 de inhabilitación al entender que como responsable de Hacienda tuvo en sus manos la posibilidad de haber frenado las irregularidades. Ambos asumieron sus responsabilidades políticas y se retiraron de la política antes de llegar a juicio, y aunque en ningún momento se les acusó de enriquecerse o de financiar ilegalmente al PSOE, su imputación en este caso dio munición a un PP asediado también por la corrupción.

Y es que la instrucción del caso apuntaló la existencia de una red clientelar para apoltronarse en el poder que, con la excusa de agilizar las ayudas para apaciguar una convulsa época laboral, con cientos de despidos y multitudinarias protestas, repartió una lluvia de millones entre empresarios y amigos afines. En ocasiones sin que existiera siquiera solicitud o expediente alguno. Durante su alegato final, la Fiscalía Anticorrupción cifró en 680 millones de euros los fondos públicos que entre 2000 y 2009 nunca debieron salir de la administración.

Los ex altos cargos rebajan considerablemente esa cantidad. Apuntan que el grueso de las prejubilaciones sufragadas, más de 6.000, nunca han sido cuestionadas. Tampoco muchas de las ayudas directas, estimadas inicialmente en 44 millones y que todavía no han sometido al escrutinio judicial, por lo que no se pueden considerar aún fraudulentas.

Sin embargo, según señalaron con rotundidad durante el juicio los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), ese mecanismo de las transferencias de financiación empleado para abonar las ayudas se usó de forma indebida e «ilegal», poniendo el acento en el «cúmulo de irregularidades» detectadas. Una argumentación rechaza por hasta seis catedráticos en Derecho Administrativo y Hacienda Pública que elaboraron los informes de las defensas, y no solo mantuvieron la legalidad de las actuaciones, sino que incidieron en que al no existir informes de actuación de la Intervención General de la Junta, la fórmula que hubiera encendido todas las alertas, los dirigentes políticos no pudieron hacer nada por cambiar el sistema.

La decisión que tome el tribunal afectará sin duda al resto de piezas derivadas de este caso, unas 200 aún sin prescribir, por cuanto si el mecanismo era irregular lo serán también cada una de las ayudas concedidas bajo este sistema. No obstante, los políticos acusados de malversación en esta pieza política no volverán a ser juzgados.