La extraña confluencia de actuaciones judiciales y policiales que mantiene en jaque a Marlaska

La única respuesta, dicen en los medios judiciales madrileños, es la coincidencia de muchos factores: una juez que no hace ascos a los casos más polémicos; un demandante con ganas de notoriedad; un coronel con entidad suficiente como para abrir una investigación al mismísimo Gobierno; un ministro del Interior que se creía con derecho a saber todo lo que se mueve en la Guardia Civil; y una institución, la 'casa verde', en la que las intromisiones políticas se dirigieren muy mal.

El caso que ha provocado un auténtico terremoto bajo los pies de uno de los ministros que se ha convertido en puntal del Gobierno nace de una forma bastante somera el pasado 20 de marzo, cuando un controvertido pero no demasiado conocido abogado, Víctor Valladares, presentó una denuncia contra Sánchez y casi todos los delegados del Gobierno. Valladares, con un largo historial de denuncias a sus espaldas por mala praxis, presentó su demanda ante la justicia ordinaria en los juzgados de Plaza de Castilla, a sabiendas de que el presidente es aforado y una acción judicial así solo podría ser competencia del Tribunal Supremo. De hecho, la demanda que acabó por aceptar el 23 de marzo la titular de Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, tenía manuscrito en su encabezamiento que iba dirigida al alto tribunal.

Cuando el asunto cayó –por reparto– en Rodríguez-Medel, en Moncloa algunos respiraron aliviados porque no conocían el verdadero perfil de la magistrada. Lo único que sabían de esta togada –hija y hermana de guardias civiles, y este dato no es baladí– es que había sido la instructora del 'caso máster' que había acabado con la carrera política de Cristina Cifuentes y había puesto contra las cuerdas a Pablo Casado.

Lo que desconocían es que a la magistrada le gusta pisar charcos y, a pesar de tener en su mano todas las cartas para sacudirse esta denuncia o elevarla al Supremo, decidió aceptarla aunque para ello, y sin que el demandante le pidiera nada, tuviera que hacer malabares jurídicos y, 'motu proprio', dejar a un lado a Sánchez y a todos los delegados del Gobierno, excepto al de Madrid, José Manuel Franco Pardo, para no perder así la competencia de la causa.

Rodríguez-Medel circunscribió así el caso a Franco y a la posible prevaricación por no haber prohibido «la celebración de actos multitudinarios a pesar de la recomendación emitida por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades de fecha 2 de marzo de 2020 sobre la Covid-19». La juez tuvo, incluso, que modular las acusaciones del denunciante, que acusaba a Sánchez y a los delegados por haber «autorizado» las manifestaciones, cuando a las delegaciones solo se les comunican los actos, que en ningún caso deben autorizar.

A pesar de la riada de deficiencias y la vaguedad de las acusaciones (la demanda no incluía ni siquiera una batería de pruebas), Rodríguez-Medel vio indicios de delito contra Franco, dejando como única cabeza de turco a una de las personas más fieles y cercanas al propio Pedro Sánchez. No en vano Franco, actual secretario general del PSOE en Madrid, coordinó en Madrid en 2017 la campaña del actual presidente del Gobierno.

La juez ese 23 de marzo encargó una auténtica macroinvestigación para conocer hasta qué punto Franco sabía de los riesgos de la Covid aquel fin de semana del 7 y 8 de marzo, el último de normalidad en España antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma el 14 de marzo. Pero Rodríguez-Medel comisionó a la Guardia Civil para esas pesquisas, pese a que la práctica totalidad de los grandes actos multitudinarios de ese fin de semana, obviamente, habían tenido como escenario la ciudad de Madrid, circunscripción de la Policía Nacional.

En un solo día –ese 23 de marzo– la denuncia le había llegado a la instructora, que, tras enmendarla, la había aceptado y había ordenado una investigación de altísimo voltaje y de grandes dimensiones. Esa misma jornada las órdenes de la juez llegaron directamente a la Comandancia de Madrid, a cuyo frente estaba el coronel Diego Pérez de los Cobos. El mando que había sido hombre de confianza en Interior de Alfredo Pérez Rubalcaba ahora se había convertido en un sujeto no tan querido para una buena parte del Gobierno y de sus socios de investidura, ya que había sido el coordinador de la respuesta policial en el referéndum ilegal del 1-O.