Interior expulsa al líder salafista de Tarragona por ser una «amenaza para la seguridad nacional»

Mohamed Said, que es un destacado líder de la comunidad islamista de Catalula, llevaba residiendo en España cerca de tres décadas y fue detenido el pasado 19 de octubre para su expulsión. Desde entonces, y hasta su deportación, se encontraba interno en el CIE de la Zona Franca de Barcelona, donde había recibido la visitas y el apoyo de varias ONG’S, pero sobre todo de partidos catalanes como ERC, CUP, Junts y Unidas Podemos-En Comú Podem.

Estas formaciones, que este sábado tras conocerse de la expulsión denunciaron la «arbitrariedad» de la misma y la «vulneración flagrante de Derechos Humanos cometida por el Estado español», ya afirmaron tras su detención que Mohamed Said era víctima «represión política», al tiempo que reclamaron a la Generalitat de Cataluña a «activar todas las herramientas administrativas, jurídicas y diplomáticas para velar por sus derechos».

Las movilizaciones y recursos de la defensa del líder islamista no sirvieron de nada. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional rechazó suspender la expulsión de Mohamed Said, al considerar que la Policía había presentado pruebas suficientes de que el marroquí es «uno de los principales referentes en España del salafismo más ortodoxo», y responsable del «aumento del radicalismo en la región de Tarragona a causa de su discurso».

La decisión de la Audiencia Nacional afectó también a Amarouch Azbir, arrestado por los mismos motivos de ser un peligro para la seguridad nacional, al desestimar los magistrados medidas cautelarísimas solicitadas por Said y Azbir en los recursos presentados por ambos contra la resolución dictada el pasado 14 de septiembre por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior. En dicha resolución se acordó su expulsión del territorio nacional y se les prohibía volver en diez años.

En el caso de Said, la Sala recordaba que la decisión de Interior se basa en una denuncia de la Comisaría General de Información donde se avisa de «su radicalismo ideológico», mencionando específicamente el «adoctrinamiento» en su comunidad mediante la difusión de «postulados proyihadistas». El auto reflejaba que había sido trasladado desde Reus a Madrid «para ser expulsado el día de mañana», en referencia al viernes 21 de octubre.

Así, la Policía le define como «uno de los principales referentes en España del salafismo más ortodoxo, que predica, con una influencia tal que, desde su llegada, se ha producido un aumento del radicalismo en la región de Tarragona a causa de su discurso». Además, alerta de que tendría «vinculaciones con individuos radicales relacionados con el terrorismo».

Detalla que Said se ha dedicado «durante años» a las actividades de «proselitismo y reclutamiento, especialmente con los colectivos más vulnerables y manipulables, prestando especial atención a los menores, en concreto a los menores no acompañados, principalmente de origen marroquí, adoctrinándoles en el salafismo más radical». También se habría dedicado a fomentar «el victimismo y la occidentalofobia».

Con todo, la Sala considera que en este caso concrete deben prevalecer los intereses de «carácter general» frente a los de tipo personal, por cuanto se le achaca «una infracción muy grave prevista en el artículo 54.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, que tipifica como tal participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que puedan perjudicar las relaciones de España con otros países».

Los magistrados recalcan que el rechazo de las medidas cautelarísimas no impide que los recursos formulados sigan su curso en la Audiencia Nacional. Para la Sala, su eventual expulsión no causará un daño irreparable, aunque sí de «difícil reparación», ya que si finalmente la Justicia da la razón a Said y Azbir «ningún obstáculo se advierte en el retorno a nuestro país y, si procede, la reparación de los daños causados».

Cabe recordar que Said fue detenido el martes por parte de la Policía Nacional junto a otro líder de la comunidad islámica de Cataluña tras abrirles un expediente de expulsión, después del informe de los servicios de información que decretó su expulsión del país por «suponer una amenaza para la seguridad nacional» por presunta radicalidad ideológica.