El exministro del PP Fernández Díaz pide que su partido sea juzgado por beneficiarse de Kitchen

Fernández Díaz, que se enfrenta a 15 años de prisión y 33 años de inhabilitación por delitos de malversación de caudales públicos, encubrimiento y contra la intimidad, ha remitido un escrito al juzgado en el que apoya la responsabilidad civil a título lucrativo del PP en esta causa. Es decir, el veterano político de 73 años admite que su partido se benefició por el seguimiento policial a Bárcenas para recuperar información sensible en su poder sobre la caja B de la formación conservadora.

El escrito del abogado del que fuera integrante de la dirección del Partido Popular detalla que del relato de los hechos contenidos en los escritos de acusación «se desprende que el origen y epicentro de la investigación se refiere al espionaje y sustracción a la familia de Bárcenas de información supuestamente perjudicial para los intereses del PP, siempre en su beneficio y utilizando para tales fines fondos reservados».

Dando por hecho esta tesis, continúa el escrito, las acusaciones solicitan una condena en vía de responsabilidad civil para el PP como persona jurídica, por lo que «resulta obvio, coherente y necesario incluir al partido como responsable civil a título lucrativo», remacha el texto, que se remitirá para su valoración a la Sala de lo Penal, el sección de apelaciones de la Audiencia Nacional que tendrá la última palabra sobre esta petición.

La ruptura de facto de Fernández Díaz con el PP llega casi en el tiempo descuento de la instrucción de la causa, con el auto de apertura de juicio oral ya dictado y sin haber hecho de forma previa ningún movimiento en su estrategia de defensa que involucrara a la cúpula del PP de Rajoy en el conocimiento de esta operación contra Bárcenas pagada con fondos reservados.

Ni siquiera cuando María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido entonces, declaró como investigada en el juzgado para aclarar si conoció el dispositivo autorizado por Interior y que implicó también a los mandos policiales del momento. Nada. Nunca tiraron de la manta ni él ni su mano derecha en el ministerio, el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Otro de los principales acusados en Kitchen que también ha pedido en esta fase procesal que el PP –partido del que fue diputado nacional– sea juzgado por su responsabilidad civil en estos hechos.

En el caso de Fernández Díaz, su partido le suspendió de militancia en julio de 2021 tras su procesamiento en esta causa. Unos meses antes le había abierto un expediente informativo, en septiembre de 2020, cuando resultó imputado por ese mismo caso. Desde entonces no se ha practicado en el seno de la formación ninguna actuación, diligencia, indagación o ha tomado declaración al exministro entre 2011 y 2015. Por lo que su expediente interno sigue sin resolverse.

Sobre la petición ahora de Fernández Díaz, el juez García Castellón alegó para excluir al PP en su auto de 13 de octubre que era una solicitud «extemporánea», ya que hasta este momento de la causa no se ha dirigido pretensión alguna en este sentido contra el partido y que, por tanto, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, resulta extemporánea teniendo en cuenta que se realiza sin concretar la cuantía ni las acciones concretas de los que emana su responsabilidad civil.

En esa misma resolución, el juez acordó imponer fianzas civiles de 120.000 euros a Fernández Díaz, Francisco Martínez y el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, así como de 100.000 euros para otros dos procesados: el comisario jubilado José Manuel Villarejo y Sergio Ríos, el topo del operativo para espiar a Bárcenas.