Los exjefes de ETA se niegan a declarar por el asesinato de Miguel Ángel Blanco

El primero de ellos, 'Antza', el único en libertad, esgrimió antes de comunicar al juez su intención de no declarar que ya había sido sentenciado por su pertenencia a ETA en Francia, donde cumplió condena y de donde fue expulsado en 2019; mientras que 'Anboto', que permanece en prisión y cuya declaración se realizó por videoconferencia, hizo lo propio aludiendo a que ya se le sentenció también en el país galo por unos hechos distintos.

La letrada de ambos acusados, a las puertas de la Audiencia Nacional, aprovechó para criticar la «cascada» de procedimientos que se están abriendo en los últimos meses y que, denunció, «no tienen base ni en la legislación ni en la jurisprudencia». No obstante, el juez sí que interpuso las medidas cautelares que la acusación de DyJ había solicitado: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y fijación de un domicilio.

García Castellón decidió imputar el pasado 8 de julio a ambos dirigentes junto a José Javier Arizcuren Ruiz, 'Kantauri', responsable de los comandos 'ilegales' de ETAen los años 90. Para interrogar a este último el juez debe esperar al permiso de la Justicia francesa, que fue quien le entregó hace ya más de 20 años. El magistrado también considera culpable de dicho asesinato a Ignacio de Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería', si bien en su caso los delitos se dan por prescritos. Todos ellos ostentaban cargos, sostiene García Castellón, con la suficiente capacidad de mando como para haber ordenado al 'comando Donosti' que liberaran a Blanco. Los ejecutores del rapto y asesinato del concejal popular fueron Javier García Gaztelu, 'Txapote', Irantzu Gallastegi, 'Amaia', –ambos condenados por el crimen– y José Luis Geresta, 'Oker', quien se suicidó cuando estaba en la clandestinidad.

La llamada 'doctrina Miguel Ángel Blanco' –en virtud la cual el juez ha imputado a los tres– ha abierto la puerta a investigar la responsabilidad de antiguos exjefes terroristas como los cerebros, por acción u omisión, en otros asesinatos. Se trata de un criterio que permitiría declarar que las eventuales responsabilidades penales no se extinguen para 430 asesinatos terroristas cometidos en España o contra ciudadanos españoles entre 1990 y 2010. Una vía que abre la posibilidad de no languidezcan en el cajón los en torno a 300 asesinatos de ETA sin aclarar.

Este empeño judicial coincide con los nuevos acercamientos de presos etarras por parte de Instituciones Penitenciarias, que ha desplazado a cárceles vascas a nueve reclusos con un historial delictivo y un perfil muy duro que suman 35 asesinatos. Entre ellos, 'históricos' de la banda como Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi'. Se trata del mayor traslado del año y es el primero que se produce desde el 6 de abril. De los 195 presos de ETA adscritos al EPPK –el colectivo oficial de internos terroristas–, 106 están en los penales vascos, 70 en centros del resto de España y 19 en Francia.