El exembajador en Caracas acepta 10 meses de prisión por ocultar ganancias de la petrolera venezolana

El presidente del tribunal, Alfonso Guevara, ha preguntado en la primera sesión de la vista oral si Raúl y Alejo asumían los hechos y las penas señaladas, a lo que ambos han respondido que sí «menos en lo relativo» a la esposa del segundo y al decomiso de los bienes: más de 340.000 euros entre 2011 y 2012 y el embargo preventivo de un inmueble de Madrid, ya que es una cuestión que no ha sido incluida en los acuerdos de conformidad. Tras el pacto, el Ministerio Público ha rebajado hasta los 10 meses de prisión su petición para Raúl y a los dos años de cárcel para Alejo en su escrito provisional de acusación.

Inicialmente, Anticorrupción solicitó tres años y medio de cárcel para el diplomático y ocho años y medio para su hijo y también para su mujer, Ana Caterina Varandas. Ésta última no ha reconocidos los hechos y ha descartado alcanzar un acuerdo de conformidad, con lo que el juicio se celebrará únicamente contra ella. La vista oral continúa este martes con la declaración de la acusada.

En su escrito de acusación, la Fiscalía destaca que habría sido entre los años 2007 y 2015 cuando Alejo Morodo habría centrado su «actividad profesional en la supuesta prestación de servicios de asesoramiento legal y consultoría internacional», que le habrían generado «cuantiosas rentas»: unos 4,5 millones de euros. Para ello se valió de «relaciones entabladas por su padre con altos cargos de Venezuela durante los años 2004 a 2007, en los que ejerció el cargo de embajador de España», para así iniciar «una supuesta relación contractual con la empresa pública venezolana PDVSA para la prestación de servicios de asesoría legal y consultoría internacional que se extendió hasta el año 2014».

«Con el fin de defraudar a la Hacienda Pública española, consciente de que la debida tributación de esas rentas por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) le supondría un considerable desembolso económico, decidió interponer tres sociedades instrumentales para que facturaran formalmente esos supuestos servicios, eludiendo así tributar sus rentas por el IRPF para hacerlo con el menor tipo impositivo que le ofrecía el Impuesto de Sociedades», sostiene el Ministerio Público.

En la «ejecución de esta ilícita actuación», indica Anticorrupción, «participaron Ana Varandas y Raúl Morodo». En el caso del exembajador de 89 años, añade la Fiscalía, «también ocultó a la Hacienda Pública las ganancias que percibió con cargo al patrimonio de dos de aquellas sociedades».