Alicia de Miguel, exconsellera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, ha comparecido este martes como acusada en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por la pieza de 'Gürtel' referida a los contratos con la trama corrupta. Procesada por un delito de ... prevaricación, De Miguel ha negado que recibiera directrices por parte del expresidente Francisco Camps para adjudicar servicios a Orange Market, la mercantil dirigida por uno de los cabecillas, Álvaro Pérez 'el Bigotes'.
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La exconsellera de Camps, que se enfrenta a una petición de inhabilitación de nueve años, ha declarado desconocer a los integrantes del Grupo Correa -«ni idea, no veía a ninguno de ellos nunca»- y ha recordado que en los años de los contratos la trama «no había salido, no teníamos informes de la Agencia Tributaria o de la Policía. Era una empresa más. Sobre estos señores no había ninguna demonización porque la 'Gürtel' no existía».
Por lo tanto, De Miguel ha descartado que tuviera interés en favorecer al grupo y ha añadido que Camps nunca le instó a dar un trato preferente a las empresas de Francisco Correa. «Nunca: con Camps hablaba de políticas sociales del Gobierno valenciano», ha insistido.
En este contexto, la exconsellera ha cargado duramente contra su exjefe de gabinete, Enrique Navarro, uno de los acusados que se han conformado en esta vista oral. En concreto, le ha reprochado que afirmase que su departamento contrató con 'el Bigotes' para «congraciarse» con la 'Gürtel' por la deuda que el PP valenciano tenía con Correa.
En su declaración, Navarro aseguró que De Miguel le vino «a decir que (Álvaro Pérez) tenía una amistad importante con (el exsecretario general del PP valenciano) Ricardo Costa y proximidad con Camps», instándole a darles un trato preferente. «Esto es el fin. Si esto no fuera tan dramático y penoso sería un chiste. Que Pérez tuviera esa capacidad.... ridículo. Es una cosa absurda, una tontería, una bobada. El señor Costa no me aportaba absolutamente nada, le pude ver tres veces, era secretario general (del PP valenciano) y no tenía capacidad de hacer nada», ha argumentado.
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En esta línea, De Miguel ha descargado la responsabilidad de la contratación en Navarro explicando que ella únicamente se ocupaba de los actos. «No me podía ocupar (de otra cosa) porque no me daba para más (...) El señor Navarro tenía toda mi confianza y era absolutamente autónomo en los actos porque sabía muchísimo más que yo», ha sostenido.
La exconsellera ha afeado a su exjefe de gabinete su versión de los hechos. Un cambio que se debe, a su juicio, a lograr un objetivo: «Miente de una manera descarada. Quiere por encima de todo llegar a un acuerdo para que le rebajen la pena y que en ningún momento su plaza de funcionario peligre».
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De Miguel anuncio en noviembre pasado que no participaría en las conformidades de algunos procesados con la Fiscalía. Su situación, no obstante, resulta menos comprometida. La política, médica de profesión, se encuentra jubilada y no quiere que una condena por prevaricación lastre su reputación. Está dispuesta a arriesgarse porque, en el peor supuesto, se expone a una condena por un delito que sólo lleva aparejada la pena de inhabilitación. Un castigo que, hoy por hoy, le importa bien poco.
Además, la sesión de este martes también ha servido para escuchar la declaración del que fuera secretario autonómico del Deporte David Serra, que ya fue condenado a tres años y ocho meses de prisión por la financiación irregular del PP valenciano. La Fiscalía pide para él nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
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Preguntado por la contratación con 'el Bigotes' para el Open de Tenis celebrado en la comunidad autónoma, Serra ha llamado la atención sobre la «capacidad y habilidad» de Pérez para «engañar a muchísima gente». «Aparte de bravucón, sacaba pecho de cosas que no eran ciertas», ha afirmado.
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