Europa acusa a España de inacción en la lucha contra la corrupción de los altos cargos políticos

Estrasburgo es especialmente crítica con la inacción de España a la hora de implementar medidas para atajar las prácticas ilegales entre la clase política dirigente. Greco admite ligeros avances en la lucha contra la irregularidades entre funcionarios públicos en general, pero denuncia que las instituciones no han hecho nada para atajar el «riesgo de conflicto de intereses y corrupción con respecto a las personas con funciones ejecutivas superiores». El Consejo de Europa se queja de esa falta de iniciativas precisamente contra estas «categorías de personas» que se enfrentan al mayor riesgo de corrupción «debido a la naturaleza política de su papel» y «sus estrechas interacciones con el sector privado».

Siempre referido a la clase política, el Greco se queja de que España haya hecho oídos sordos a su petición de aprobar un código de conducta para personas con funciones ejecutivas de «alto nivel». También se muestra molesta la institución comunitaria con la petición ignorada de que las «restricciones post-empleo» (puertas giratorias) «estén sujetas a una revisión por parte de un organismo independiente». Nada se ha hecho tampoco –apunta el documento- con la recomendación de dar más transparencia a la legión de colaboradores integrados en los equipos de esos políticos de alto nivel. Estrasburgo en particular había pedido «fortalecer» el «régimen actual aplicable a los asesores, sometiéndolos a requisitos de transparencia e integridad equivalentes a los aplicados a las personas con funciones ejecutivas superiores» para las que trabajan.

El Greco hace tres años también había pedido expresamente que se encarara una reforma legislativa para limitar el régimen de aforamiento que limita la persecución penal de los cargos públicos. Europa reconoce que estos cambios son complejos porque llevarían emparejada una reforma de la Constitución, pero lamenta que las autoridades todavía no hayan hecho nada para «empujar hacia una acción efectiva» que recorte el número de cargos públicos con un régimen especial ante la justicia.

El otro gran varapalo a España por parte del Consejo son las fuerzas de seguridad. Greco también suspende al Gobierno por la falta de medidas de prevención de la «corrupción y sobre la integridad» en la Policía y la Guardia Civil. Denuncia que no hay una estrategia como tal para la «prevención» de la corrupción en las fuerzas de seguridad. Que no hay planes «proactivos» para evitar esas prácticas ilegales, sino solo «reactivos» cuando ya se han producido los delitos. El documento llega a calificar de «decepcionante» la situación en ambos cuerpos y critica expresamente la prioridad de empleo para hijos de guardias civiles; el sistema de primas para los agentes; o la laxitud del régimen de incompatibilidades para los funcionarios que se jubilan o abandonan las fuerzas del Ministerio del Interior.

El informe incluye la respuesta que el Gobierno ha dado a esta supuesta inacción contra la corrupción en tanto ámbitos y durante tanto tiempo. El Ejecutivo alega ante la institución comunitaria que los retrasos se deben a la celebración en 2019 de dos Elecciones Generales y a la llegada de la pandemia y el estado de alarma apenas semanas después de la toma de posesión del nuevo Gobierno de coalición de Pedro Sánchez.