Los huidos del 'procés' usan el regreso de Ponsatí para desafiar al Estado y la UE

La eurodiputada de Junts sirvió en bandeja su arresto al asegurar que no pensaba entregarse y que no acudiría a declarar ante el alto tribunal, al contrario de lo que sí hicieron en el pasado sus excompañeras Meritxell Serret o Anna Gabriel. «¿Sabe que tengo inmunidad como europarlamentaria?», le espetó al agente. «Tiene una orden de detención», le replicó el policía. El arresto se emitió en directo por TV3. De la misma manera que la agencia de noticias de la Generalitat retransmitió el momento en que Ponsatí cruzaba la frontera francoespañola en coche. Todo parecía estar bastante preparado.

Clara Ponsatí permanecía huida desde octubre de 2017. Este martes, desde el Colegio de Periodistas de Barcelona, lanzó un desafío al Gobierno, al magistrado del Supremo Pablo Llarena y al Govern catalán. Desde el Parlamento Europeo, Carles Puigdemont hizo extensivo ese desafío a la presidenta de la Eurocámara.

Ella se ha visto beneficiada por la reforma del Código Penal pactada por el Ejecutivo central y el Govern autonómico, pero que Junts ha criticado con dureza. En el nuevo auto de procesamiento emitido por el juez Llarena tras ese controvertido cambio penal, la eurodiputada de Junts dejó de estar acusada de sedición -delito que fue derogado- y pasó a estar imputada solo por desobediencia. Este último solo está castigado con penas de inhabilitación y no comporta cárcel, lo que ha facilitado su regreso. Ponsatí afirmó que vuelve porque cuenta con inmunidad como europarlamentaria, pero lo cierto es que la tiene desde hace tiempo. Ha elegido el momento de volver cuando sabía que no iría a prisión.

Su arresto se esperaba que fuera breve. Tras unas cinco horas a disposición judicial, el juez de guardia en Barcelona le comunicó el auto de procesamiento dictado por el magistrado Llarena, además de su decisión de dejar sin efecto tanto la orden de detención contra ella como su declaración de rebeldía. Así, Ponsatí queda ahora en situación de libertad provisional y está citada a declarar el próximo 24 de abril a las 11:00 horas ante el Tribunal Supremo en calidad de investigada por desobediencia. De no comparecer, el instructor del Supremo le advierte de que será llevada ante el mismo «por la fuerza pública».

Una clara medida de prevención judicial después de que la propia exconsejera catalana sugiriese ante los medios de comunicación que no acudiría de manera voluntaria. «No reconozco la competencia ni la legitimidad del juez», aseveró. Si me detiene, tendrá que atenerse a las consecuencias europeas», advirtió acto seguido. «No he vuelto a pactar, sino a plantar cara y denunciar la vulneración de derechos», remató.

Sobre su regreso, fuentes del Ejecutivo hablaron de «normalidad». Pero el expresident Carles Puigdemont vuelve a mover sus fichas para advertirle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el conflicto catalán no podrá darse por desactivado mientras no resuelva su situación. Lo cierto es que hubo protestas frente a la Ciudad de la Justicia de la Ciudad Condal mientras estaba en los juzgados, pero no fueron multitudinarias: menos de medio centenar de personas. Entre ellas la presidenta de Junts, Laura Borràs, junto a varios altos cargos del partido; el exconseller Josep Rull; los miembros de la CUP Carles Riera y Eulàlia Reguant, y la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu.

Puigdemont, mientras, afirmaba desde Bruselas que en esto consiste la «confrontación inteligente». Los dirigentes de Junts buscan las «costuras democráticas» al Estado y ponen en un problema al Govern de Esquerra, al que consideran una «herramienta» de la «ocupación» del Estado en Cataluña. Puigdemont cargó contra el Ejecutivo catalán, al que tachó de colaboracionista con la «detención ilegal».

ERC defiende que el diálogo con el Gobierno ha dado frutos y ha propiciado la vuelta de Ponsatí, pero desde Waterloo tratan de desbaratar esta estrategia, a dos meses de las elecciones. No es baladí que la vuelta de la exconsejera se produjera este martes, un día antes del juicio a la exconsejera Meritxell Serret por el 1-O. Serret se entregó al Supremo tras huir. Puigdemont mueve ficha para que se vean las dos estrategias: unos se rinden, otros siguen en la lucha. El desafío fue también al Europarlamento. Puigdemont apeló a su presidenta para que les ampare.