La Eurocámara pedirá ilegalizar la fundación Francisco Franco

La Eurocámara mostrará en la resolución su preocupación ante el aumento de la violencia neofascista en la Unión Europea (UE) tras agresiones de grupos ultras como la sufrida por la eurodiputada italiana Eleonora Forenza y su asistente y con el objetivo de que la Comisión Europea (CE) ponga en marcha medidas concretas.

Los eurodiputados están preocupados por el auge de la normalización del fascismo, el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia y por la «impunidad» de los grupos que las defienden incluso con violencia.

En ese sentido, llaman a los Gobiernos europeos a condenar claramente y sancionar ese tipo de discursos de odio de parte de políticos y otras figuras públicas a todos los niveles y por cualquier medio.

Más allá, reclaman a los 28 la creación de «unidades policiales contra el odio» y asegurarse de que dentro de sus cuerpos y fuerzas de seguridad no hay comportamientos de tipo racista o xenófobo. En ese sentido, también piden que la CE llame a las organizaciones cívicas a reportar sobre el estado del discurso de odio y los crímenes de odio en los países europeos.

Por otro lado, enfatizan la importancia de concienciar y educar sobre la historia a las nuevas generaciones para evitar nuevos crímenes de odio en el futuro.

Por ello, llaman a tener una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes fascistas del pasado, y se dicen «profundamente preocupados» de que las nuevas generaciones «estén cada vez menos concienciadas con la historia del fascismo, lo que representa un riesgo de ser indiferente ante nuevas amenazas».

Socialdemócratas, Ecologistas y la Izquierda Unitaria quisieron incluir menciones a agresiones concretas como las de «Hogar Social Madrid», pero finalmente quedaron fuera del texto y aunque se votarán como enmiendas no tienen probabilidades de prosperar, dijeron varias fuentes parlamentarias.

Una de las ponentes del texto es la eurodiputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Ana Miranda, que durante las negociaciones intentó que la resolución recogiera como caso condenable la denuncia que la familia Franco presentó contra los activistas que ocuparon pacíficamente el Pazo de Meirás en agosto de 2017 para reclamar su devolución al pueblo gallego.

Por otro lado, algunos grupos también intentaron sin consenso suficiente que se aplaudiera en el texto la decisión del Congreso de retirar los restos de Franco del Valle de los Caídos y que se pidiera eliminar efectivamente todos los símbolos o monumentos restantes que exaltan el levantamiento militar, la Guerra Civil y la dictadura de Franco.