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El proceso para oficializar el catalán euskera y gallego en las instituciones europeas ha cobrado un nuevo impulso este lunes. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha anunciado que la Eurocámara evaluará el impacto de reconocer estas tres lenguas y permitir su uso en ... sus sesiones plenarias para contar con datos suficientes, antes de tomar una decisión sobre la petición del Gobierno español de oficializar el euskera, el catalán y el gallego en la Unión Europea (UE).
Metsola ha trasladado esta decisión a la Mesa del Parlamento Europeo, reunida ayer a puerta cerrada en Estrasburgo, según ha informado la agencia Europa Press. También ha informado de la carta enviada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendiendo esta medida y calificándola como «prioritaria» para el Gobierno de España. De hecho, Albares ha enviado ya tres cartas a la presidenta del Parlamento sobre esta cuestión, que también intentó impulsar entre los Estados miembros durante la presidencia española del Consejo Europeo.
La evaluación, que no cuenta un plazo concreto para su finalización pero que podría llevar «meses», la llevará a cabo la mesa sobre Lenguaje de los Ciudadanos y Servicios Linguísticos, de la que forman parte los eurodiputados españoles Esteban González Pons (PP) y Javi López (PSOE). Metsola confía en conseguir datos concretos del coste que supondría la traducción en los plenos de la Eurocámara del catalán, euskera y gallego.
En diciembre del año pasado, la Comisión Europea ya realizó un informe del coste que supondría para las instituciones europeas el reconocimiento de estas tres lenguas y lo cifró en 132 millones anuales. Este cálculo, con todo, fue criticado por tomar como referencia el coste que tendría la oficialidad del gaélico, una petición que ya cursó Irlanda y cuyos datos sirvieron para hacer esta aproximación.
Y es que el coste adicional es uno de los principales recelos que despierta esta iniciativa en Bruselas y en el resto de capitales europeas, por lo que el Gobierno de España llegó a proponer que el país asumiría totalmente los costes de esta medida. A pesar de que el Ejecutivo español defiende la especificidad del caso español y de que su propuesta no es extrapolable a otras lenguas minoritarias, los Veintisiete temen además sentar un precedente y que algún otro Estado miembro reclame esta misma medida.
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