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SALVADOR ARROYO
Jueves, 16 de enero 2020, 09:31
El reloj ya está en marcha. Tres días después de que el expresident Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín ocuparan sus escaños como eurodiputados de pleno derecho en el Parlamento Europeo, la institución ha iniciado el procedimiento que puede concluir con la retirada de ... su inmunidad. Una de las vicepresidentas ha sido la encargada de informar al hemiciclo de la solicitud cursada por el Tribunal Supremo, lo que automáticamente activa el proceso.
Lo ha hecho pasadas las nueve de la mañana. Lectura escueta de la petición oficial «cursada por las autoridades españolas». Y anunció del paso inminente: «De acuerdo con las reglas, este expediente se enviará a la comisión de Asuntos Jurídicos, que es la competente». Se abre así una vía de análisis, consultas a las partes, que en última instancia deberá ser ratificado por los parlamentarios en pleno, y que se dilatará varios meses. No se espera un desenlace, de hecho, hasta el verano.
Si se acepta la petición del Supremo, se levantaría la situación de impás de la Euroorden de arresto y entrega solicitada en paralelo a la justicia belga y que ésta decidió paralizar nada más arrancar el nuevo año a la espera de una decisión clara de la Eurocámara. La votación final del suplicatorio se producirá en una sesión plenaria para la que solo sería necesaria una mayoría simple. Y los tres principales grupos (populares, socialistas y liberales) ya han expresado que respaldarán la peticion del magistrado Pablo Llarena.
El procedimiento, regulado por el artículo 9 del Reglamento Interno de la Eurocámara, establece como siguiente paso la Comisión de Asuntos Jurídicos elija a un ponente ajeno a las partes en conflicto. Habrá una valoración de la solicitud y es previsible que se requiera información complementaria al Tribunal Supremo, además de escuchar la argumentación de los dos políticos, huidos Bélgica desde hace dos años y medio.
La opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (recomendando o rechazando el suplicatorio) no sería definitiva, requeriría de la votación final en pleno. Hasta ese momento, la mayor parte del proceso se desarrollaría a puerta cerrada. La práctica totalidad de los suplicatorios presentados durante la pasada legislatura fueron validados.
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