¿Es ético que los jueces se concentren contra la amnistía?

La comisión, que preside el magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo Antonio del Moral y componen otros cinco togados y una catedrática de Filosofía del Derecho, ha sometido a contraste la encrucijada ante la que se colocan los integrantes de la carrera cuando, por un parte, han de guardar los principios que guían su oficio y, por otra, estiman que han de salir al paso de alguna controversia. El grupo de expertos, acogidos a los Principios de Ética Judicial aprobados por el pleno del Consejo General del Poder Judicial el 20 de diciembre de 2016, parten de la constatación de la naturaleza «bifronte» del juez por «su condición simultánea como ciudadano privado y como servidor público». Lo que se traduce en que tiene reconocido el derecho constitucional a manifestarse, pero «limitado y afectado» por las exigencias derivadas de su función jurisdiccional. Exigencias que llaman a conducirse «con prudencia y moderación y sin poner en entredicho los principios de independencia, imparcialidad e integridad».

El comité se pronuncia sobre una de las concentraciones organizadas hace tres meses, con sus protagonistas reunidos a las puertas de varias instancias judiciales vestidos con toga, cuando cristalizó el acuerdo para reelegir a Sánchez y la amnistía despertó una revuelta insólita en la Magistratura y la Fiscalía cuyos ecos no han dejado de amplificarse. Los integrantes de la Comisión de Ética circunscriben el dilema aflorado entre principios y actuaciones a una decisión que debe adoptar, en conciencia, cada juez que se sienta interpelado. Porque es cada uno de ellos quien debe analizar si existe colisión entre «el deber de neutralidad política» y su «obligación de defender activamente los principios rectores del Estado de Derecho si se encuentran amenazados». Un cotejo que el dictamen desgrana en cuatro pautas: si está presente ese riesgo para el sistema democrático y de libertades públicas; si queda comprometida la independencia judicial; si la situación creada es tan excepcional como para justificar «el padecimiento de la percepción de neutralidad política del Poder Judicial; y también si «la modalidad de denuncia» elegida es «la adecuada».

El juez ha de revisar individualmente todo lo que está en juego y decantarse por sí mismo. Y si resuelve que se concentra por ese «deber ético» de reprobar actos que interpreta contrarios al Estado de Derecho y no «por su propia y personal sintonía y antipatía con una ideología política», la comisión determina que sí, que es ético manifestarse. En este caso, contra la amnistía.