Estrasburgo recibe 4 demandas contra España sobre Cataluña

La primera de ellas, Forcadell i Lluis y otros c. España se registró el pasado 18 de octubre y lleva el número 75147/17. Está firmada por 76 diputados de Junts pel Sí, la CUP y Catalunya Sí Que Es Pot.

La primera firmante de la demanda es la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, y entre los firmantes está también el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en su condición de parlamentario de Junts pel Sí.

La demanda se queja de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender el pleno parlamentario del pasado 9 de octubre, en el que estaba prevista la comparecencia de Puigdemont para valorar los resultados y los efectos de la jornada del 1-O, con la eventual declaración de independencia de Cataluña sobre la mesa.

Alegan la vulneración de los derechos a la libertad de expresión y de reunión, recogidos en los artículos 10 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La segunda demanda contiene las mismas alegaciones y fue presentada el mismo día que la anterior por una persona identificada por las fuentes como Domingo Garcia-Milá.

Las otras dos demandas se refieren a las multas impuestas por el TC al ex secretario general de la Vicepresidencia de Economía y Hacienda, Josep Maria Jové Llado, y a la Sindicatura Electoral nombrada por el Parlament catalán, que pretendía actuar como junta electoral central en el referéndum del 1-O. Los demandantes, Josep Costa i Rosello y el propio Jové Llado, presentaron sus recursos el 22 de septiembre.

A Jové, número dos del vicepresidente Oriol Junqueras, se le impuso una multa de 12.000 euros diarios, y a Costa, de 6.000 euros diarios, en caso de no cesar su trabajo en favor de la consulta ilegal.

Además, el Tribunal de Estrasburgo rechazó el pasado 24 de octubre la demanda del presidente del Institut de Drets Humans de Catalunya, David Bondía, para evitar que el Gobierno aplicara el artículo 155 de la Constitución española. El rechazo se basó en que el artículo 39 del Reglamento de la Corte contempla medidas cautelares "cuando está en riesgo la vida de una persona y este no era el caso", recuerdan las fuentes citadas.