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El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, instructor de la causa por presunta revelación de secretos que se sigue contra el fiscal general del Estado, ... ha abierto una nueva pieza separada después de que recibiera ayer la comisión rogatoria de Estados Unidos sobre los mensajes borrados de los dispositivos electrónicos de Álvaro García Ortiz. En dicha comunicación, recoge la resolución, se incluyen dos carpetas en formato zip (archivo comprimido) con los datos a priori reclamados y dos escritos, uno de ellos en lengua inglesa.
El juez ha acordado el secreto de las actuaciones para examinar esta información por un periodo de un mes y ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en su condición de policía judicial de la causa, que proceda al análisis pericial de los documentos recibidos.
Hurtado recuerda a los investigadores que el plazo a revisar queda acotado a los días 8 y 14 de marzo de 2024, dentro del periodo en el que se pudo filtrar el correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en el que admitía al fiscal del caso la comisión de dos delitos fiscales. Un asunto por el que también está siendo investigada en el alto tribunal la fiscal jefe de Madrid Pilar Rodríguez.
Del mismo modo, los agentes de la UCO deberán informar al instructor con una periodicidad que no exceda de cinco días sobre el resultado y avance del análisis pericial que se vaya realizando. La comisión rogatoria a Estados Unidos se remitió después de que las autoridades irlandesas comunicasen, el pasado 10 de marzo, que la compañía Meta, propietaria de Whatsapp o de Facebook, está gestionada desde el país norteamericano pese a que su sede en Europa está en Irlanda, dadas sus ventajas fiscales como sociedad.
En la comisión rogatoria se solicitaban datos tanto a Google, por los correos electrónicos del usuario Álvaro García Ortiz, como a la citada empresa Whatsapp, por los mensajes de móvil que pudo enviar y recibir el responsable de la terminal en las fechas acotadas de la investigación por presunta revelación de secretos.
La defensa del fiscal general ha venido defendiendo que procedió al borrado tanto de sus correos personales como de sus mensajes de móvil en aplicación de un protocolo interno de protección de datos y dada la información "altamente sensible" que maneja sobre procedimientos judiciales en marcha el máximo responsable del Ministerio Público.
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