El Gobierno abre un nuevo frente contra los Franco al reclamar el Pazo de Meirás

No es la primera vez que una administración pública trata de hacerse con la mansión. La novedad radica en que esta vez es el Ejecutivo central el que ha tomado la iniciativa y, además, lo ha hecho presentando un documento de 1938 desconocido hasta ahora y que, según el criterio de la Abogacía del Estado, demostraría que la compra del Pazo en 1941 por el entonces jefe del Estado se realizó de forma simulada y fraudulenta.

Se trata de una escritura de compraventa a favor de la 'Junta pro Pazo del Caudillo'. Este órgano estaba integrado por el gobernador civil y varios alcaldes de A Coruña, y su objetivo era buscar una residencia en la provincia para ponerla a disposición del dictador con el fin de que la disfrutase durante el periodo estival. El elegido fue el Pazo de Meirás, construido sobre los restos de una antigua fortificación del siglo XVI por iniciativa de Emilia Pardo Bazán. En 1938, las autoridades coruñesas plantearon comprárselo a la heredera de la escritora gallega, Manuela Esteban Collantes, con dinero de donaciones populares.

El precio fue de 406.346 pesetas, pero, según sostiene el Gobierno, las aportaciones voluntarias no dieron el resultado esperado y los responsables de la 'Junta pro Pazo del Caudillo' optaron por pasar a una recaudación forzosa que «incluyó la detracción de nóminas de trabajadores y funcionarios, así como la aportación de fondos de las administraciones locales». Tras la adquisición, la mansión, la finca y los alrededores del lugar fueron objeto de remodelaciones para adecuarlos al uso del dictador, que incluyeron la construcción de murallas para delimitar el área residencial o carreteras. Estos trabajos se costearon con dinero público, no de Franco.

El Pazo de Meirás se convirtió en la residencia veraniega de los Franco nada más consumarse la compra a la heredera de Pardo Bazán. Las irregularidades denunciadas por la Abogacía del Estado vendrían por una segunda escritura de venta fechada en 1941. En ella figura la venta de Esteban Collantes al dictador por un valor de 85.000 pesetas, algo imposible porque la primera ya había vendido la propiedad a Junta pro Pazo del Caudillo' tras años antes. Se trató, argumenta la Abogacía del Estado en base al documento de 1938 ahora hallado, de una venta simulada, y por tanto ilegal.

Pedro Sánchez consideró ayer que el dictador y su familia actuaron «contra derecho». En cambio, el abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera Molina, denunció en declaraciones a Europa Press una «estrategia de acoso y derribo» contra los herederos. «Nos defenderemos con todas las armas que nos da la ley», afirmó el letrado.

Tras la supuesta compra de 1941, Franco inscribió la propiedad a su nombre, e hizo uso de ella hasta su muerte. La viuda, Carmen Polo, lo donó a la única hija de ambos, Carmen Franco, de quien pasó después a manos de los nietos del dictador, con quienes ahora pleitea el Gobierno socialista para trasladar los restos de su abuelo desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio madrileño de Mingorrubio, cercano a El Pardo.

El Pazo de Meirás, declarado en 2008 Bien de Interés Cultural por la Xunta de Galicia, cuenta con una superficie construida de mil metros cuadrados sobre una finca de 66.800 metros cuadrados. Se encuentra a la venta desde comienzos de 2018 y su precio asciende a los ocho millones de euros, según se recoge en el portal inmobiliario Mikeli.