Esperando a Godot en Estrasburgo

La corte con sede en Estrasburgo siempre ha estado en el eje de la estrategia de los líderes independentistas. Allí se dirimen vulneración de derechos fundamentales en procedimientos juzgados en estados miembro, y sus decisiones son de obligado cumplimiento (artículo 46 del convenio). Además, para reforzar esta norma está el artículo 96 de la Constitución española, que dice «que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados en el BOE, formarán parte del ordenamiento interno».

En suma, las demandas de los acusados por rebelión, nueve de los doce acusados en el juicio, no solo no están garantizadas cuando se conozca la sentencia del Supremo, sino que ya han presentado una primera remesa por decisiones que ha tomado en este tiempo el Tribunal Constitucional, el juez instructor del 'procés' Pablo Llarena o la Sala presidida por Marchena (que ha sido extremadamente garantista previendo el escenario).

Como si replicaran la obra de teatro de Samuel Beckett 'Esperando a Godot', los abogados y estrategas del secesionismo esperan con entusiasmo la llegada del tribunal europeo para exhibir el comportamiento «inquisitorial» y «arbitrario» del sistema judicial español.

Este mensaje forma parte del plan de tensión que lidera Carles Puigdemont, expresidente catalán procesado en rebeldía, desde su residencia en la ciudad belga de Waterloo. Un discurso que expanden luego sus antenas en el Govern, altos cargos de su partido -Junts per Catalunya- o los juristas e intelectuales defensores de la causa.

La estrategia de desprestigio hacia los tribunales españoles tuvo su momento cenital cuando el Tribunal Superior regional alemán rechazó el delito de rebelión en la euroorden contra Puigdemont. Fue en mayo de 2018, los magistrados entraron en el fondo de la petición del juez Llarena y descartaron que en los hechos resumidos se diera la violencia suficiente, según el Código Penal germano.

Como es lógico, desde el soberanismo se recibió con inusitada alegría esta decisión, que reforzó la idea de que Europa escrutaba al Supremo español y ponía en solfa su independencia. Tal es así que los efectos de esta resolución tuvieron réplica hasta un año después.

Pero, ¿qué ocurrió para detener este impacto? La pasada semana, el mismo tribunal europeo ante el que se postraban los dirigentes independentistas dio un importante revolcón a sus intereses. Por unanimidad de siete magistrados, rechazó de plano la demanda presentada por Puigdemont, Forcadell y otros 74 diputado contra la anulación del pleno del Parlament en el que se iba a declarar la independencia (el 9 de octubre de 2017).

El tribunal de derechos humanos consideró que la suspensión dictada entonces por el Constitucional español era «necesaria en una sociedad democrática» para «mantener la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades ajenas». Y calificó la demanda del abogado de Oriol Junqueras como «manifiestamente mal fundada».

La decisión fue recibida con enorme satisfacción por el Gobierno, el Constitucional, el Supremo y la Fiscalía, que esperaban como agua de mayo un espaldarazo semejante para rebatir la dura campaña de descrédito internacional (el triunfo de la propaganda independentista ha sido evidente). Tal fue el varapalo, que desde el Govern se bajó el telón informativo a la espera de una buena noticia. Esta llegó al día siguiente, con un dictamen de un grupo de trabajo de la ONU que denunció las prisiones preventivas de los acusados. La decisión levantó la moral de la tropa y del presidente Quim Torra, quienes, no obstante, siguen esperando a Godot en Estrasburgo.