A la espera de cuatro juicios en España

Mientras cumple esta pena, el histórico jefe de ETA, de 68 años, será extraditado a España para ser juzgado por otras cuatro causas en la Audiencia Nacional. Se trata del asesinato del directivo de Michelín Luis María Hergueta en 1980; el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987, en el que fueron asesinadas 11 personas, seis de ellas menores; la financiación de ETA a través de 'herriko tabernas' y la acusación por un delito de lesa humanidad junto a otros antiguos dirigentes etarras, entre ellos Garikoitz Aspiazu Rubina, 'Txeroki'.

Los cuatro procedimientos se encuentran abiertos en otros tantos juzgados centrales de instrucción, que en su día libraron órdenes internacionales de detención que siguen vigentes. A este respecto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, avanzó este jueves que se tramitarán «simultáneamente» estas resoluciones para que sea juzgado cuanto antes en España. Para ello se reclamará su «entrega temporal» como con 'Txeroki'. Después será devuelto a Francia para cumplir el resto de la pena y cuando cancele su deuda con la justicia gala será detenido y trasladado de nuevo a España para hacer frente al resto de las (presumibles) condenas. No obstante, existe la posibilidad de que solicite cumplir su condena en España.

Para hacerse una idea, en el caso de 'Txeroki' transcurrieron diez meses desde su detención en Francia (noviembre de 2008) hasta su traslado temporal a España (septiembre de 2009) para ser interrogado, en su caso, por cinco causas. El jefe etarra regresó en 2011 para ser juzgado por vez primera por dos procedimientos, entre ellos el intento de asesinato en 2002 del entonces presidente del Grupo Correo, Enrique Ybarra, por el envío de un paquete-bomba que fue desactivado.

En el caso de 'Josu Ternera', el primer juicio, por orden cronológico, debería de ser el del asesinato de Hergueta en 1980, por el que fue procesado en 2005. Tres años antes pasó a la clandestinidad tras no acudir a una citación del Tribunal Supremo por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza en 1987. La razón es que estaba aforado porque entonces era diputado de Euskal Herritarrok en el Parlamento vasco.

El juez José Ramón Soriano (ya jubilado) le citó a instancias de la Fiscalía para aclarar si ordenó desde Francia y en nombre de la cúpula de ETA la colocación del coche-bomba. Los indicios entonces era un informe del Servicio de Información de la Guardia Civil de junio de 2001, que recogía las declaraciones del etarra arrepentido Juan Manuel Soares Gamboa y de los activistas Juan José Rego, Elena Beloki y de dos miembros del llamado 'comando robacoches'. El documento concluye que Urruticoetxea formaba parte del 'comité ejecutivo' en Francia y era responsable del aparato internacional. Sobre la toma de decisión del atentado, Soares Gamboa declaró que, al ser el primero contra un cuartel habitado, «normalmente debió ser autorizado por la dirección».