Los espejos del plebiscito de ERC: Montenegro, Canadá o Escocia

¿Cómo comparan estos requisitos con los de consultas pactadas que ya han tenido lugar, como la de Montenegro o la de Escocia?, ¿y con la normativa de Canadá, que ya reguló estos procesos, la llamada Ley de Claridad?

Las cifras de participación mínima y de respaldo planteadas por ERC son similares a las exigidas a Montenegro, cuando en 2006 planteó una consulta para lograr la independencia de Serbia.

Los independentistas montenegrinos lograron el respaldo del 55,5% de los votos, con una participación que alcanzó el 86,5%, cifra también por encima de un nivel superior al 50% que requería Europa para que fuera válida. De acuerdo con lo que explica el analista Antonio R. Rubio Plo en un artículo publicado tras la celebración de la consulta montenegrina en la web del Real Instituto Elcano, en caso de que el apoyo a la independencia hubiera estado entre el 50% y el 55%, una llamada «zona gris», la consulta debería haberse repetido en un plazo de tres años. Y en esta situación Bruselas debería haber promovido un nuevo acuerdo constitucional entre Serbia y Montenegro para mantener su unión.

En ese momento, hace 16 años, comenta Rubio Plo, si bien algunos criticaron la rigidez de las condiciones puestas por la Unión Europea, que superan la mayoría del 51%, «no es difícil prever que en un futuro no muy lejano intenten 'patentar' esta vía montenegrina a la independencia, teniendo en cuenta que ha sido bendecida por la propia UE». Si bien el entonces Alto Representante para la PESC, Javier Solana, dejó claro que las etapas del proceso montenegrino «no guardan ninguna similitud con ningún país que forma ya parte de Europa, incluido España».

No en vano, tras la sangrienta desintegración yugoslava, la frágil unión de Serbia y Montenegro en 2002 propiciada por la Unión Europea contemplaba desde el primer momento tanto su mantenimiento como la secesión transcurridos tres años.

Pero la pionera en establecer las reglas para un referéndum para la escisión de alguno de sus territorios fue Canadá con la llamada Ley de Claridad, que fue aprobada por su Parlamento en el año 2000, después de que Quebec organizara dos consultas de forma unilateral.

La normativa canadiense establece la posibilidad de que cualquier provincia del país pueda plantear un referéndum sobre cualquier cuestión, incluida la independencia, si bien la pregunta sometida al voto sobre esta última cuestión tiene que ser clara y ceñirse estrictamente al tema, por lo que el Parlamento nacional se reserva la potestad de considerar si lo que se somete al voto cumple con esta condición. También el resultado de la consulta ha de ser diáfano para que pueda considerarse la obligación de entrar en unas negociaciones que pudieran llevar a la secesión de un territorio.

Respecto a la claridad del resultado, la norma canadiense establece que su Parlamento, para medirla, tendrá en cuenta, aunque sin poner cifras, el tamaño de la mayoría en favor de la independencia, así como la participación en la consulta, además de otras circunstancias que se puedan considerar relevantes, como la posición de los partidos representados en la Asamblea de la región o la situación de los pueblos aborígenes.

De acuerdo con esta Ley de Claridad, únicamente el Parlamento canadiense puede certificar que se ha producido una clara expresión de la voluntad de una clara mayoría de la población de la provincia en cuestión para dejar de ser parte de Canadá, y sólo cuando se haya producido esa certificación por el legislativo el Gobierno central puede emprender las negociaciones sobre la independencia de la región de que se trate.

Además, la normativa incluye que, para que pueda llevarse a cabo un proceso de independencia en el país, se necesitaría la introducción de una enmienda constitucional que requeriría negociaciones de al menos los gobiernos de todas las provincias y del propio Ejecutivo central de Canadá, ya que, según se establece en el preámbulo, la ruptura de un Estado democrático es una cuestión de la mayor gravedad y es de fundamental importancia para todos sus ciudadanos.

Desde que se aprobó la Ley de Claridad no se ha celebrado ninguna otra consulta sobre la independencia ni de Quebec ni de ninguna otra provincia canadiense.

En cuanto a Escocia, el posible modelo para el independentismo catalán reside en el acuerdo que en el año 2012 firmaron el ex primer ministro británico David Cameron y el entonces ministro principal de Escocia, Alex Salmond, para la celebración en 2014 de una consulta sobre la independencia de la región.

Londres, en virtud de ese acuerdo, delegó su capacidad legal de convocar un referéndum a Edimburgo y aceptó que los escoceses decidieran tanto la fecha como la organización de la consulta, así como la pregunta, con la condición de que ésta fuera clara y se limitara a plantear la disyuntiva de si se quiere seguir en el Reino Unido o la independencia. El acuerdo incluyó la rebaja de la edad para poder votar a los 16 años. Porque la decisión sobre cuál sería el censo para el voto sí ocasionó discrepancias: al final se decidió que fueran los residentes en Escocia mayores de 16 años y con nacionalidad británica, de algún país de la UE o de la Commonwealth. También se pactó que la opción que obtuviera el 50% más uno de los votos se llevaría la victoria.

Este acuerdo llegó después de que en las elecciones escocesas de 2011 el Partido Nacional Escocés lograra la mayoría absoluta (logró 53 de los 73 escaños) con un programa que incluía la promesa de la celebración de un referéndum en caso de una victoria de esa dimensión.

En ese plebiscito, que tuvo lugar en septiembre de 2014, el 55,3% de los votos fueron para el «no» a la independencia, frente al 44,7% que optó por el «sí». La participación rondó el 85%.

El Tribunal Supremo británico, hace menos de un mes, negó a Escocia el derecho a convocar un nuevo referéndum que venía demandando su Gobierno en las últimas fechas.