España cae en la lucha contra la corrupción a niveles de Botswana, Cabo Verde y San Vicente y Las Granadinas; se sitúa por detrás de países como Emiratos Árabes, Taiwán o Seychelles; y a una enorme distancia de buena parte de la Unión Europea, donde ... apenas alcanza el puesto 14 entre los 27 Estados socios.
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El último informe de 'Transparency International (TI)', la organización de referencia mundial en la lucha contra la corrupción, revela que España en 2022 ha vuelto descender en el ránking de la lucha contra estas prácticas ilegales por segundo año consecutivo, bajando un punto con respecto al año pasado y dos con respecto a 2020, obteniendo una puntuación de 60 sobre 100.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022, el principal barómetro que usa TI, sitúa a España todavía en la parte alta de la tabla mundial con el puesto 35 de los 180 países analizados, pero remarca que desde 2020 no hace más que perder posiciones en el escenario internacional, ya que hace solo dos años estaba en el puesto 32.
Para la organización más allá del descenso en el IPC o la pérdida de puestos en el ránking es especialmente preocupante la tendencia en la que parece haber embarcado el país en los últimos tiempo. «Una caída por segundo año consecutivo es una clara señal de riesgo y peligro de seguir descendiendo en el año siguiente», señala el informe presentado este martes, que insiste en que «siguen latentes factores que inciden en el buen funcionamiento de las instituciones democráticas y elevan el riesgo de corrupción».
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Transparency cree tener identificados cuáles son los principales problemas que están lastrando a España en la lucha contra la corrupción. Y no son pocos: falta de regulación de los 'lobbys' que se acercan a los políticos; ausencia de legislación para evitar las 'puertas giratoria' ( incompatibilidades y prevención de conflictos de intereses del personal al servicio del sector público); «no se cumplen los estándares del Consejo de Europa» para la elección del Poder Judicial independiente; o un «retraso notable» en la adopción de un nuevo marco regulatorio de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
La organización también hace hincapié en que España sigue sin aprobar un ley para la «protección» de denunciantes de casos corrupción; que siguen vigentes los 'visados dorados' para dar la residencia a magnates que traigan sus fortunas aunque éstas sean opacas; o que más de la mitad de los parlamentarios no publican sus agendas institucionales y las que se publican contienen información «absolutamente desigual» .
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El informe también denuncia la falta de transparencia de las reuniones que se mantienen con los grupos de presión o que sigue sin existir un registro central donde aparezcan las propiedades reales.
Todo ello al margen de que –recuerda TI- España ha descendido de manera importante en el Global Risks Report 2022 del Foro Económico Mundial (WEFGRR), en particular por los pagos irregulares en servicios públicos, exportaciones e importaciones no demasiado transparentes y decisiones judiciales en casos de corrupción.
«A pesar de que el año pasado constatábamos la existencia de una potente agenda legislativa en España para la prevención y lucha contra la corrupción que parecía augurar que el descenso sufrido en el IPC 2021 se podría haber recuperado, hoy constatamos que las demoras en sacar adelante las reformas legales necesarias han pasado factura y se vuelve a descender un punto», explicó Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparency International España. «Hacemos un llamamiento al Parlamento para que no demore más en sacar adelante las leyes necesarias destinadas a la prevención de la corrupción y al refuerzo de la transparencia y la rendición de cuentas», insistió la responsable de TI.
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Los 60 puntos sobre 100 de España la sitúan por debajo de la media de la UE (66 puntos) y a mucha distancia de los diez estados líderes mundiales: Dinamarca (90), Finlandia (87), Nueva Zelanda (87), Noruega (83), Singapur (83), Suiza (82), Holanda (80), Alemania (77) e Irlanda (97).
En el otro extremo de la tabla se sitúa: Somalia (12), Siria (13), Sudan del Sur (13), Venezuela (14), Yemen (16), Libia (17), Corea del Norte (17), Haití (17), Guinea Ecuatorial (17) y Burundi (17).
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