España confía en resolver el nuevo estatus de Gibraltar antes de final de año

En los últimos meses se han repetido reuniones en Madrid y las capitales de Reino Unido y Bélgica. Todas ellas de carácter «técnico» para salvar los escollos que quedan. Según fuentes diplomáticas, el acuerdo final está cada vez más cerca y debería alcanzarse antes de final de año.

Con el 'brexit', Gibraltar quedó en una posición delicada, prácticamente convertida en una isla rodeada de países terceros y lejos de la cobertura del Reino Unido. La amenaza del cierre de la verja, de nuevo frontera exterior de la UE, planeaba sobre la región. Las conversaciones, sin embargo, no se centran ya en la soberanía del Peñón, una reivindicación histórica que el Gobierno parece haber aparcado, sino en avanzar en el establecimiento de una «zona de prosperidad conjunta» en el Campo de Gibraltar.

La cuestión no es menor, los trabajadores transfronterizos, según datos de las autoridades gibraltareñas, constituyen cerca del 48% de la población activa de la colonia británica. Rondan los 15.000, de los cuales casi 10.000 son españoles, por lo que la actividad económica depende de esta mano de obra.

Hay mucho en juego en ambos lados de la frontera, asuntos como la entrada de mercancías o la sustitución de los agentes de la Policía Nacional por personal de Frontex para vigilar la entrada y salida del Peñón. Bruselas pretende precisamente buscar soluciones para eliminar las comprobaciones y controles físicos en este paso, garantizando así la integridad del espacio Schengen. Esto implica desarrollar necesariamente una nutrida legislación con normas en materia de visados, permisos de residencia, asilo o cooperación internacional.

De alcanzarse finalmente el acuerdo sería válido para cuatro años, prorrogables si ambas partes están de acuerdo, y se podría suspender unilateralmente bajo determinadas circunstancias. Esto no cambiaría la postura oficial de España que, según recoge Moncloa en su página web, no considera a Gibraltar «parte integrante de Reino Unido». «Es una colonia británica en territorio español. España reclama que le sea reintegrado», zanja el texto. Una pretensión que se ha suavizado desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno y que han mantenido sus sucesivos ministros de Asuntos Exteriores: Josep Borrell, Arancha González Laya y, actualmente, José Manuel Albares.

Mientras tanto, los medios gibraltareños han iniciado una ofensiva mediática para denunciar que España, según su versión, está «endureciendo los controles» para entrar o salir de la verja. Relatan casos en los que se denegó la entrada a ciudadanos británicos por no justificar el motivo de la visita a la colonia. Sin embargo, estas críticas han tenido poco eco en la metrópoli, donde aseguran que las negociaciones se siguen desarrollando con «buena sintonía». Tampoco tienen certeza de estas críticas en el Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El último de los de los puntos calientes de estas conversaciones pasa por la aceptación de Gibraltar de la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), básico para montar el andamiaje de la legislación conjunta. Preguntado por esta cuestión el año pasado, antes de presentar su dimisión como primer ministro británico, Boris Johnson respondió que «Gibraltar es británica y no veo ningún papel del TJUE en ese territorio».

Lo cierto es que su salida del Gobierno no parece haber cambiado esta postura, ni siquiera se vislumbra dentro del cuerpo diplomático español que la llegada de otro 'tory' a la sede del número 10 de Downing Street en Londres vaya a desviar la atención puesta en estas negociaciones, que ambos países y la Unión Europea consideran de «vital importancia».