España ante Israel y Palestina: un constante equilibrio diplomático

La espinosa relación España-Israel venía de lejos. Durante el franquismo, en el que se azuzaba la «conspiración judeo-masónica» desde la jefatura de Estado y aún resonaba la colaboración con el régimen nazi, los israelíes se opusieron enérgicamente a la admisión de España en Naciones Unidas en 1950 y ni siquiera enviaron a Madrid comunicación oficial de la creación de su Estado en 1948.

Tras un tímido intento de acercamiento de Leopoldo Calvo-Sotelo, no sería hasta 1986 cuando Felipe González inauguró oficialmente las relaciones con Israel, casi 40 años después de su fundación. En enero de aquel año tuvo lugar en La Haya la declaración conjunta por la que ambas naciones normalizaban su diplomacia. González compareció con el primer ministro israelí, Simón Peres, quien declaró que «la época de oro que cerró Isabel la Católica se abre de nuevo».

Pero si se ponía peso en una parte de la balanza, tocaba poner otro proporcional en el platillo opuesto. En agosto de ese mismo año, España formalizó el estatuto de la Oficina de la OLP en Madrid, adquiriendo esta rango diplomático. El Gobierno sentaba así las bases para mediar entre ambas partes del conflicto.

Y fueron estos lazos tanto con Israel como con Palestina los que determinaron la elección de Madrid como sede de la Conferencia de Paz de 1991, que abriría las conversaciones entre palestinos e israelíes. La cita, patrocinada por Estados Unidos y la URSS, se concibió como el siguiente paso en el esquema de la paz mundial tras darse por terminada la Guerra Fría; y aunque no concluyó con una resolución firmada por las partes, supuso la antesala de los Acuerdos de Oslo.

Sin embargo, hay un paso que aún no ha dado España en su estrategia de equilibrio en la región: el reconocimiento de Palestina como Estado. Suecia tomó esa decisión en octubre de 2014, pero no provocó un efecto dominó, como se esperaba, aunque varios parlamentos (Reino Unido, Francia, Irlanda) aprobaron mociones, sin poder vinculante, que instaban a sus respectivos gobiernos a seguir ese camino.

También el Congreso, en noviembre de aquel año, aprobó una resolución que instaba al Gobierno a reconocer a Palestina. Lo hizo casi por unanimidad (solo dos noes y una abstención), en una Cámara con mayoría absoluta del PP. Eso sí, el texto ligaba esa medida a la búsqueda del consenso en el seno de la UE y a que sirviera de acicate para un proceso de paz. El ministro popular José Manuel García-Margallo y la exministra socialista Trinidad Jiménez fueron los encargados de negociar el acuerdo. En 2012, también con Mariano Rajoy como presidente, España ya había apoyado la concesión a Palestina del estatuto de «Estado observador de Naciones Unidas».

Tras los ataques de Hamás en suelo israelí del pasado 7 de octubre, el Gobierno de España se ha dividido por primera vez sobre avispero de Oriente Próximo. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha exigido al presidente Sánchez romper relaciones con Israel. En vano.