ERC y Junts agravan su enfrentamiento tras el divorcio en el Govern

Junts, no obstante, no ha pegado aún el portazo definitivo a los republicanos en lo que se refiere a la negociación presupuestaria. Pero ya amenaza con hacerlo para que no quede en pie ningún puente de lo que ha sido una alianza entre fuerzas secesionistas de casi diez años. «Sí que se está viendo que el nivel de complicidad entre ERC y PSC cada vez está más soldado, cada vez es más sólido. Si tenemos la mínima sospecha de que se nos está utilizando para hacer un discurso por un lado, pero los hechos van por otro, entonces pararemos máquinas», ha afirmado este lunes el secretario general de Junts, Jordi Turull.

El que más ha elevado el tono de las acusaciones contra sus exsocios es Carles Puigdemont, que atribuye a los republicanos una maniobra con el PSOE, mediante la reforma del Código Penal y derogando el delito de sedición, con el objetivo de que comparezca en el Tribunal Supremo. A su juicio, facilita su extradición a España. «No seremos cómplices ni del blanqueamiento del PSOE ni del Estado español ni vamos a facilitar que cumplan su principal objetivo, que es extraditar a Puigdemont para que sea juzgado en España«, afirmaron los junteros. ERC lo niega.

ERC y Junts chocan por la reforma del Código Penal, por la estrategia en Madrid y también sobre las consecuencias del procesamiento de Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, ambos diputados de Esquerra, por los delitos de malversación y prevaricación por su implicación en la organización del referéndum ilegal del 1-O. Laura Borràs ya ha reclamado, como a ella, que se les aplique el artículo 25.4 del reglamento de la Cámara catalana, que provocó su suspensión como diputada cuando fue procesada por el caso de los contratos a un amigo, durante su etapa como directora de la institución de las letras catalanas.

ERC ha replicado este lunes que el 25.4 solo está contemplado para casos de corrupción, como el de Borràs. Y que Jové y Salvadó están acusados por malversación, pero no por meter la mano en la caja, sino por organizar un referéndum. Esquerra ha acusado a Junts de «beberse el juicio«, pues está aceptando que el 1-O fue un caso de corrupción y »tendrá que explicarlo muy bien«. «El 1-O es un ejercicio de democracia, de defensa de derechos pero no es corrupción», ha afirmado la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta. El asunto deberá abordarlo la Mesa de la Cámara catalana.