ERC y los comunes presionan para que Sánchez mueva ficha con los indultos

El Ejecutivo ha advertido que ambas medidas no pueden estar sometidas al calendario electoral catalán con el horizonte del 14 de febrero. Pero la decisión del Supremo de revocar el tercer grado a los nueve presos del 'procés' deja en manos de Pedro Sánchez la única posibilidad que tienen en estos momentos los reos de salir del penal. Por lo que la presión sobre el presidente del Gobierno se ha disparado en vísperas electorales y con un clima muy crispado tras el pacto presupuestario.

En este caso, los intereses son contrapuestos. El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, lo expresó con claridad: «Sería muy bueno, muy positivo, que de aquí al 14-F se demuestre que el camino del diálogo y de la política sirven para algo». Los republicanos sienten la presión de JxCat, que les acusa día sí y día también de ser unos traidores por haber apoyado al Gobierno a cambio de unas partidas presupuestarias. Y les reprochan haber aprobado las Cuentas de un Estado que les «encarcela y reprime», según el diagnóstico de Quim Torra.

Un movimiento del Gobierno con los presos sería un balón de oxígeno para ERC, que podría defender en campaña que su apuesta por el diálogo con el Ejecutivo no es una rendición. El vicepresidente de la Generalitat y candidato republicano, Pere Aragonès, reafirmó su apuesta por la negociación con el Ejecutivo, el día después de la resolución del Supremo. Y reclamó a Pedro Sánchez que dé pasos para excarcelar a los presos. «El Supremo ya ha hablado, hace falta que todo el mundo se posicione», presionó en un acto de partido.

Lo mismo ocurre en el caso del PDeCAT, que se desmarca de la vía rupturista de JxCat. Y para los comunes, que no tienen buenas perspectivas electorales, pero que necesitan un clima de distensión en la campaña para mejorar sus opciones y quieren presentarse como una formación útil en la búsqueda de soluciones para la cuestión catalana porque que tiende puentes entre los dos bloques. Jaume Asens, presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso y dirigente de los comunes, es uno de los impulsores de la reforma del delito de sedición, su principal valedor. «No podemos esperar más», espetó el martes en el Congreso. Semanas atrás, llegó a afirmar que los presos comerían este año el turrón en sus casas. Este sábado dijo que es «optimista» en relación a los indultos tras haber hablado con miembros del Ejecutivo. No dio más detalles. El Ministerio de Justicia tramita desde octubre las cuatro peticiones de indulto que tiene sobre la mesa. Tiene el informe favorable de las prisiones catalanas, pero falta el dictamen, no vinculante, de la Fiscalía y del tribunal sentenciador, el Supremo.

A pesar de las presiones, los tiempos del Gobierno son diferentes y no son los mismos los de del PSOE que los de Unidas Podemos. Los socialistas han tenido que afrontar un proceso de desgaste interno muy fuerte en sus negociaciones para aprobar los Presupuestos con el apoyo de ERC, y sobre todo de Bildu. Hubo mar de fondo en sectores del PSOE, que aún no se han recuperado del impacto de contar con la izquierda abertzale para la gobernabilidad, como para tener que afrontar de golpe la excarcelación de los presos del 'procés', si se produce.

Fuentes próximas a Aragonès niegan que existan compromisos ocultos entre el Gobierno y ERC sobre la cuestión de los presos a cambio del apoyo a las Cuentas. «Los presos nunca han pedido ser moneda de cambio», señalan. Los socialistas también lo niegan. Los ataques de la oposición del PP, Ciudadanos y Vox, en cambio, van en esa línea. Aunque de no aprobar los indultos, quienes saltarían a la yugular serían los independentistas.

Sobre la reforma de la sedición, el ministro de Justicia consideró que el hecho de que este delito tenga penas de 15 años de prisión es a su entender un «anacronismo» y un «exceso». Y admitió que sin la sentencia del 'procés', que condenó a penas de nueve a trece años a nueve de los doce dirigentes secesionistas juzgados, no habrían tenido que revisar este tipo penal. Asens propone que si no hay un alzamiento violento con armas, no puede haber delito de sedición. Si esta fórmula saliera adelante, el Tribunal Supremo tendría que dejar libres a los nueve reos del 'procés', pues la condena por sedición quedaría anulada y la que algunos de ellos tienen por malversación ya la han cumplido.

Luego está el cálculo electoral de los socialistas. Miquel Iceta fue el primero que se mostró a favor de los indultos. Antes incluso de que fueran condenados. Pero si las medidas de gracia llegaran antes de las elecciones, al PSC le costaría entrar en los caladeros de votos de Ciudadanos, que en estos momentos son los que le pueden permitir un crecimiento. Iceta ya está recibiendo críticas en sectores próximos al PSC por mostrarse tibio y condescendiente con el Govern catalán. Joan Tardà, exdirigente de ERC y ahora apartado de la primera línea, ha apuntado esta semana en TVE que a su juicio los indultos llegarán «después» de las elecciones. También dijo que algunos de los presos, como Oriol Junqueras y Raül Romeva, ya habrán cumplido en enero un cuarto de la pena por lo que su intención es solicitar permisos penitenciarios para participar en la campaña.

A pesar de la pandemia, la cuestión de los presos y el 'procés' volverán a encender la campaña catalana.

El 42º aniversario de la Constitución será distinto a todos los anteriores a causa de la pandemia. El hemiciclo de la Cámara baja no acogerá este año el día grande de esta institución, y el acto se trasladará a la calle, a la Carrera de San Jerónimo, donde muchos menos asistentes de los habituales escucharán el discurso de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Cerca de doscientas personas entre autoridades e invitados -entre ellos colectivos que han luchado contra la pandemia, como los sanitarios- están convocados a este acto que seguirán sentados a lo largo de la calle manteniendo la distancia de seguridad.

La presidenta Batet pronunciará su discurso en la escalinata de la Puerta de los Leones, y estará acompañada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta del Senado, Pilar Llop, la Mesa y portavoces parlamentarios de ambas cámaras, miembros del Gobierno y los presidentes del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Han confirmado su asistencia los presidentes de Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Canarias, Madrid, Navarra, La Rioja y Murcia.