El 'procés' deja en herencia 8.000 empresas huidas

Fueron unas jornadas de una tensión política sin igual que se tradujo en una gran preocupación económica que embargó a todo el sector empresarial. Esa niebla no se ha terminado de despejar y es otra de las herencias del 'procés' que recibe el nuevo Govern catalán.

Hace cinco años, en las fechas aledañas al 1 de octubre, en el Colegio de Registradores empezaron a contar día a día, incluso hora a hora, las compañías que, ante el riesgo de que se materializara una declaración unilateral de independencia y ante sus imprevisibles consecuencias, decidían sacar su sede de esa región para preservar su españolidad.

En los cinco últimos años se han producido cerca de 8.000 salidas de empresas, de acuerdo con datos del Colegio de Registradores. Los movimientos se concentraron fundamentalmente en 2017 y 2018, los ejercicios de mayor tensión política, cuando los cambios de sedes rondaron los 2.500 anuales. Madrid fue el destino favorito de las empresas que decidían mover su domicilio social: en 2017, Madrid absorbió cerca del 60% de todas las sedes societarias que dejaron Cataluña; y en 2018, el 55%. En total, en todo el periodo, de los 7.899 movimientos de salida de Cataluña, la mitad tuvieron a Madrid como destino.

El Gobierno facilitó esta operación con la aprobación, a principios de octubre de 2017, de un real decreto ley de medidas urgentes que permitía a las empresas cambiar su sede social de forma inmediata sólo con la aprobación del consejo de administración, sin pasar por la junta general de accionistas.

A tenor de las voluminosas cifras acumuladas en el último lustro, las consecuencias del procés se dejan sentir aún hoy en el registro de compañías domiciliadas en Cataluña. Y, entre las grandes empresas consultadas por este medio, ninguna valora, por el momento, regresar.

Tal fue la relevancia de los movimientos, tal fue el interés que despertó esta información sobre todo en la prensa, que el Colegio de Registradores, desde 2017, publica la estadística trimestral de entradas y salidas de sedes societarias por Comunidades Autónomas. Gracias a esta información sabemos que en los años 2017 y 2018 las salidas de domicilios fiscales de Cataluña representaron el 40% del total de los que se produjeron en España. En 2022, con información hasta el cierre del segundo trimestre, la cifra parece haber llegado a registros más normalizados, al suponer algo más de un 16%, una proporción algo inferior a la que representa Cataluña en el PIB español (19%).

Los peligros de los que huían parecían entonces muy reales. Y, en todo caso, había que minimizar los riesgos percibidos por la comunidad inversora, porque esos miedos cotizaban en bolsa, en el mercado de deuda y también existía el riesgo de una fuga de depósitos. Durante el año 2017, los clientes, temerosos, retiraron cerca de 30.000 millones de euros de las oficinas bancarias catalanas, el 16,4% de los depósitos confiados en Cataluña. De los grupos formados por las antiguas cajas salieron 13.746 millones, el 18% del total; y de los bancos, 15.683 millones, el 15,25%. Fuentes financieras aclaran que después las entidades recuperaron ese dinero.

En todo caso, entre las salidas más relevantes se cuentan las de las sedes sociales de las entidades financieras. Las de las más señeras, las de que en su propia marca contienen signos identitarios de su lugar de nacimiento: CaixaBank y Sabadell. La primera trasladó su dirección a Valencia -donde también se encontraba la de Bankia, con la que luego se fusionó- y el Sabadell, a Alicante.

A efectos prácticos, el traslado de la sede social ha implicado pocos cambios para las empresas: además de en su momento garantizar que cualquiera que fuera el desenlace del conflicto político se preservaba la «españolidad» de las entidades y la cobertura tanto del Banco de España como del Banco Central Europeo y la permanencia en el euro, apenas la celebración de las juntas generales de accionistas o las presentaciones de resultados en la localidad en la que ahora tiene cada entidad o cada empresa su domicilio societario. Porque, aclaran fuentes empresariales, los centros corporativos que mantienen en Cataluña continúan conservando los puestos de trabajo previos al año 2017.

En definitiva, los movimientos que hubo no fueron deslocalizaciones, sino sólo cambios de domicilio. Pero la comunidad autónoma sí ha sufrido la pérdida del brillo empresarial de que disfrutaba sobre todo la ciudad de Barcelona.

Los cambios en las sedes sociales no quedaron limitados a las entidades bancarias -las más sensibles-, entre las que hay que incluir también a la aseguradora Catalana Occidente, que trasladó su sede de Barcelona a Madrid. Se extendieron a otros sectores, como al de las infraestructuras, con Abertis como importante representante; al energético, con Gas Natural Fenosa (ahora Naturgy); así como el de las telecomunicaciones, con Cellnex; el inmobiliario, representado por Colonial; o el turístico, con la cadena Hotusa o la central de reservas eDreams.

Además de entidades con el ADN catalán impreso hasta en el nombre, también mudaron su sede empresas familiares con gran solera, como fue el caso de Cordoníu.

Aunque las cifras de salidas de sedes sociales de Cataluña parecen haberse normalizado (si bien no se dispone de información previa al año 2017, por lo que no es posible saber cuáles eran los movimientos corporativos antes del procés), Cataluña sigue registrando un saldo negativo, si comparamos las entradas con las salidas de sedes corporativas. En los seis primeros meses de 2022, ha habido 455 salidas, frente a las 374 entradas; y en el conjunto del año 2021 se produjeron 935 salidas, más de las 609 entradas. Ello contrasta con el saldo claramente positivo que entre entradas y salidas ha tenido durante todo el periodo sobre todo Madrid, pero también Valencia. De todas maneras, las cifras de Cataluña han mejorado mucho respecto a 2017, cuando se produjeron 2.536 salidas frente a las 548 inscripciones de nuevas sedes sociales de empresas.

La disparidad entre las cifras acumuladas de nuevas inscripciones de sedes sociales que apenas compensa la gran magnitud de las salidas y el hecho de que todavía en 2022 se pierdan en Cataluña más domiciliaciones de empresas de las que se ganan son indicadores de que persiste el temor a potenciales nuevas crisis políticas y de que no ha terminado de regresar la confianza. Entre las grandes empresas, las que decidieron volver son la excepción, como es el caso de Agbar.

Aún hoy, las compañías admiten que la idea de devolver su sede social a Cataluña no está ahora mismo sobre la mesa, mientras que otras, directamente, avisan de que su salida se produjo con carácter indefinido. Unas y otras esgrimen que las circunstancias no han cambiado demasiado en los últimos años –el riesgo político está siempre latente– y que tampoco los sucesivos gobiernos de Cataluña han hecho ningún gesto para atraer a los nombres que en su momento decidieron marcharse. Quizás pueda cambiar algo con el que Pere Aragonès acaba de inaugurar.

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