El juez imputa a Medina por alzamiento de bienes

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid esgrime en el auto al que ha tenido acceso este periódico que el comisionista «realizó operaciones de venta de títulos valores con un conocimiento innegable de las diligencias» que se estaban llevando a cabo. «Debido a que el investigado ha realizado disposiciones de sus bonos y patrimoniales, desde el 13 de abril de 2021, fecha en que fue citado a declarar ante la Fiscalía Anticorrupción, se deberá ampliar su imputación al delito de alzamiento de bienes del artículo 257.1 del Código Penal».

El magistrado Adolfo Carretero también impuso a Medina en la tarde hoy una fianza civil de 891.427 euros que deberá abonar en una plazo máximo de tres días. Hasta ahora, solo había sido posible embargarle un yate valorado en 325.515 euros que adquirió tras las comisiones millonarios –más de seis millones de euros– que se embolsó junto a su socio Alberto Luceño, y los 247 euros que tenía en su cuenta. El hijo del duque de Feria y Naty Abascal ya estaba siendo investigado por estafa agravada, falsedad en documento y blanqueo de capitales, al igual que Luceño. Ambos deberán declarar el próximo lunes ante el juez.

Este paso –el de ampliar la imputación a Medina– se produjo el mismo día que la fiscalía malaya advertía a Carretero que San Chin Choon, el director ejecutivo de la empresa Leno que vendió el material sanitario al Ayuntamiento de Madrid, no colaborará en la investigación. Así consta en un documento –fechado a finales de febrero y que el magistrado y las partes recibieron hoy– en el que el Ministerio Público de Malasia comunica que el empresario no tiene intención alguna de colaborar y que el estado en el que se encuentra la investigación actualmente solo permitiría tomarle declaración de forma voluntaria.

Según declararon Medina y Luceño ante la Fiscalía Anticorrupción, Chin Choon, como representante de la empresa Leno, fue el encargado de pactar las comisiones que ambos obtuvieron. Pero el Ministerio Público sospecha que la firma que aparece del empresario en los tres contratos de mascarillas, guantes y test que pagó la empresa funeraria municipal fue falsificada.

Por ello, su declaración, que debía servir para arrojar algo de luz sobre la cuantía real del material comprado como sobre la veracidad de los documentos, se antojaba de suma importancia. El fiscal, que remitió a las autoridades malayas una comisión rogatoria con una batería de preguntas para Chin Choon, pretendía conocer si realmente los dos imputados en esta causa actuaban como agentes exclusivos de Leno.

La carta que la fiscalía malaya hizo llegar al magistrado está firmada por Ramesh Gopalan, jefe de la Unidad de Crimen Internacional del Ministerio Público de ese país. En dicha misiva explica que las leyes de Malasia impiden grabar a Chin Choon sin un consentimiento expreso. «Nuestras fuerzas del orden consiguieron identificar y localizar al sospechoso, el señor San Chin Choon. Sin embargo, como el sujeto se negó a cooperar, sentimos informarles de que no seremos capaces de ayudarlos».