El criptoempresario confiesa ante el juez que los 100.000 euros a Alvise fueron por «favores futuros»

Alvise, al que Calama había ofrecido la posibilidad de declarar voluntariamente no haciendo uso de su aforamiento europeo, no apareció por el tribunal de la calle Génova. Su abogado, que fue reprendido por el juez por no avisar siquiera de que su patrocinado no iba a acudir al juzgado, propuso buscar nuevas fechas para que el eurodiputado, que se encuentra en Bélgica, pueda comparecer. Sin embargo, este miércoles, a través de sus redes sociales, el líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) , exigió «el inmediato archivo o elevación al Supremo para poder declarar y terminar con todo esto».

La versión que Alvise Pérez dio en Telegram sobre la declaración de Romillo fue completamente diferente a la que brindaron todas las partes consultadas presentes en el interrogatorio. Según el eurodiputado, el empresario se «autoincriminó» y presentó pruebas de que los 100.000 euros eran el pago de una «estricta relación comercial», al tiempo «desmintió la financiación ilegal como cualquier presunto intercambio de favores».

En las antípodas del relato de Alvise estuvo la declaración del empresario 'cripto', quien insistió en que con el líder de SALF nunca hubo ni un acuerdo de prestación de servicio o un contrato, sino que fue el pago por esas posibles gestiones futuras que como eurodiputado podría hacer en el futuro a favor de las criptomonedas. De hecho, así lo confiesa en una grabación incluida en el sumario el propio Alvise Pérez, quien sin embargo arguye que su único delito fue aceptar ese dinero sin pagar el IRPF porque fue un pago por su trabajo.

El propio Romillo, que en su día llegó a un acuerdo con Anticorrupción para tratar de aliviar sus acusaciones, se refirió este lunes en su declaración a esa grabación y a otras donde el influencer aseguraba que iba a destinar ese dinero a gastos de la campaña. No obstante, el empresario insistió en que no cerró con Alvise ninguna contrapartida concreta a cambio de los famosos 100.000 euros.

El juez Calama comenzó a investigar la supuesta financiación irregular del partido de Alvise el pasado octubre al abrir una pieza separada independiente de la causa principal, en la que se investiga la supuesta estafa piramidal con miles de afectados (unos 3.000 con una cifra estimada de 300 millones) a través de la plataforma de inversiones Madeira Invest. Un «chiringuito financiero» que ofrecía una altísima rentabilidad con diferentes productos, pese a la advertencia del riesgo difundida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC).

En esa causa principal, el magistrado apunta también que la actuación de Alvise Pérez en la promoción de la actividad presuntamente ilícita llevada a cabo a través del entramado financiero pudiera dar lugar a su consideración como cooperador necesario en el delito de estafa agravada. Por lo tanto, sería un segundo delito.

En su resolución, el juez incorporaba la denuncia de Romillo en la que relata los distintos contactos mantenidos con Alvise Pérez con la intención de que el empresario obtuviera la promoción de sus servicios y el eurodiputado «podría financiar con seguridad y holgura su campaña sin persecución estatal». Tras diversos contactos, según la denuncia, el 27 de mayo pasado Romillo le comunicó a Pérez que podía pasarse por el Sentinel (oficina de cajeros de criptomoneda en Madrid) para recoger en efectivo la cantidad de 100.000 euros, a lo que éste respondió: «100%. Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias tío».