El rey emérito justifica su inmunidad ante la Justicia británica porque el CNI defendía «actos soberanos»

El rey emérito reivindica su inmunidad ante la Justicia británica a fin de evitar ser juzgado en Londres por las acusaciones de hostigamiento, intimidación e intrusión en el domicilio de Mónaco de su antaño amiga íntima y asesora danesa-alemana. En disputa también está el papel desempeñado en la supuesta operación de seguimiento, espionaje e intimidación por el entonces jefe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el teniente general Félix Sanz Roldán, a quien la demandante implica directamente desde su posición como agente estatal en una primera versión de su alegato judicial.

Larsen rectificó recientemente el relato de los hechos de su querella civil para desvincular a la agencia de Inteligencia española del embrollo y calificar los viajes de Sanz Roldán a Londres, su aparente gestión y dirección del espionaje, además del presunto hurto de documentos en su residencia de Mónaco, como acciones que habría ejecutado a «título personal», debido a su amistad con el entonces jefe del Estado.

Ambas cuestiones, que forman parte de la apelación interpuesta por los abogados del emérito, se limitan a actos y hechos anteriores a la abdicación de Juan Carlos, en junio de 2014. El juzgado de primera instancia le negó, el pasado marzo, protección judicial en Inglaterra contra la presunta conducta «sistemática» de acoso de Larsen, con quien mantuvo una larga relación sentimental que se quebró tras la cacería de elefantes en Botsuana. Pero el equipo legal del emérito logró permiso de la venia para apelar parte de la sentencia original en esta fase preliminar del sonado caso. El recurso se limita, por tanto, a cuestiones de inmunidad relacionadas con alegaciones anteriores al traspaso de la corona a su hijo Felipe VI.

Lady Eleanor King, jueza de apelación desde 2008 y antes de la división de asuntos familiares, presidió el recurso junto a la dama juez Ingred Simler, con larga experiencia en disputas laborales, y el lord juez Andrew Popplewell, especializado en legislación comercial. Los tres interrumpieron con frecuentes preguntas y observaciones la presentación de alegatos de ambas partes, que se prolongó a lo largo de toda la jornada. La decisión judicial podría emitirse antes de final de año.

James Lewis, abogado de Corinna, tuvo dificultades para convencer al trío de letrados de que las «enmiendas» introducidas a última hora en el alegato no conforman una treta dirigida a «fortalecer la mano» de su cliente en la cuestión de inmunidad soberana, según alegó poca antes su rival profesional en la sala 74. «El demandado recurrió a sus agentes y los del Estado español para…», leyó la jueza Simler del documento original. La versión enmendada afirma, pro el contrario, que el «general Sanz Roldán actuó a título personal en representación del demandado y no en el desempeño de su cargo público».

La defensa del Emérito hace hincapié en la obligación de las cortes inglesas de proteger a un jefe de Estado, incluso en situaciones derivadas del abuso de poder o infracción de la legislación doméstica. «La inmunidad estatal es un procedimiento, es ajeno a la moralidad de una conducta y no es discrecional», sostuvo Otty. Lewis apuntó, en cambio, que la denunciada pauta de acoso sugiere que Juan Carlos «no actuó en el desempeño de su cargo público», sino atendiendo a su «propio beneficio o placer». El abogado rechazó la sugerencia del panel de jueces de considerarlo una «orden del entonces rey al servicio de seguridad» español y argumentó que fue un apaño entre amigos. «Fueron actos privados porque Roldán era su colega, su amigo», sostuvo.

Larsen expone en su alegato inicial cómo el director del CNI, «actuando bajo la dirección o con el consentimiento del demandado, coordinó una operación encubierta para entrar y registrar la oficina y el apartamento» que ella tiene en Mónaco. Y un «equipo de la CNI» fue enviado desde España para ejecutar la operación», según se detalló en la vista de apelación entre otras referencias contenidas en la demanda civil.

En este sentido, Lewis trató de restar responsabilidad a agentes del servicio secreto e indicó a los jueces que las últimas informaciones apuntan a que el espionaje de su clienta en Mónaco se realizó a través de la firma de seguridad española Eulen. Los letrados se quejaron de la falta de pruebas que el equipo de Corinna ha aportado hasta la fecha en aval de las enmiendas al auto documental y reprocharon también la ausencia de un informe médico que justifique una reclamación de daños personales.

Quedan aún pendiente de resolver varias cuestiones preliminares, además del alcance del derecho de inmunidad soberana, antes de que la causa progrese a la fase de audiencias orales acerca del meollo de los alegatos de la reconocida examante del exiliado rey español.